10
Ene

España a la cola en la Regulación de las Criptomonedas en Europa.

El pasado 10 de enero de 2020 terminaba el plazo de transposición de la  5ª Directiva (UE) 2018/843 relativa al Blanqueo de Capitales por la que se regula a los Proveedores de servicios de Cambio de Monedas Virtuales. En su artículo 4 se establece el 10 de enero como fecha límite para que los Estados Miembros adapten sus disposiciones legales, reglamentaria y administrativas para dar cumplimiento a lo establecido en la directiva.

En España, por el momento ni el SEPBLAC ni el Banco de España se han pronunciado sobre supervisión del Sector de las Criptomonedas o Activos Virtuales. Actualmente no se permite el Registro del Representante de Prevención de los Proveedores de Servicios de Monedas o Activos Virtuales, alegando que no se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la Normativa Española de Blanqueo de Capitales (art. 2 de la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo).

Sin embargo, en la 5ª Directiva ya se prevé la inclusión de los Exchagers o Plataformas de Cambio de Monedas Virtuales dentro del ámbito de aplicación de la Cuarta Directiva de Blanqueo 4AMLD modificando o incluyendo los siguientes artículos:

  1. Se incluye dentro del artículo 2 de la Directiva relativo a las entidades obligadas los siguientes apartados:
    1. letra «g)» Los proveedores de servicios de cambio de monedas virtuales por monedas fiduciarias.
    2. letra «h)» Los Proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos, que define como: una entidad que presta servicios de salva­ guardia de claves criptográficas privadas en nombre de sus clientes, para la tenencia, el almacenamiento y la transferencia de monedas virtuales.
  2. Se incluye dentro de las definiciones del artículo 3 el punto 18) relativo a las Monedas Virtuales, las cuales son definidas como: representación digital de valor no emitida ni garantizada por un banco central ni por una autoridad pública, no necesariamente asociada a una moneda establecida legalmente, que no posee el estatuto jurídico de moneda o dinero, pero aceptada por personas físicas o jurídicas como medio de cambio y que puede transferirse, almacenarse y negociarse por medios electrónicos.
  3. Por otro lado en el artículo 47 relativo a la Supervisión establece que Los Estados miembros garantizarán que los proveedores de servicios de cambio de monedas virtuales por monedas fiduciarias y los proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos estén registrados

Podemos por tanto concluir, que España está obligada a modificar la normativa relativa al Blanqueo de Capitales para incluir dentro del ámbito de aplicación a las Plataformas de Cambio de monedas Virtuales y Proveedores de Monederos o Wallets de Monedas Virtuales, habiendo concluido ya el plazo marcado por la 5ª Directiva AML el pasado 10 Enero de 2020 (art. 4 de la directiva). Si bien, se vislumbra que existirá un retraso considerable para la modificación de dichas normas, al menos sí vemos necesario un pronunciamiento al respecto de la Autoridad competente (Banco de España o SEPBLAC) sobre el Sector de las Monedas o Activos Virtuales y evitar así el vacío legal existente en el sector.

Como abogados de Proveedores de servicios del Sector Cripto, consideramos que es vital tener claras las reglas de juego en España y evitar,  que las entidades financieras españolas cierren sus puertas al Sector Cripto por considerar la actividad como una actividad financiera de riesgo reputacional, pese a que cumplan de forma voluntaria con la Normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales Española. Entendemos por tanto necesario, que el Banco de España o  el SEPBLAC, (la Unidad de Inteligencia Financiera y Autoridad Supervisora Española en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales), se posicione de forma similar a como lo han hecho sus homólogos Europeos, como por ejemplo, la Financial Conduct Authority (FCA) de Reino Unido quién comunicó el pasado viernes 10 de enero que será la Autoridad Supervisora del Sector Cripto, o la Austrian Financial Market Authority (FMA) que también aseguró el pasado jueves 9 de enero que será Autoridad Reguladora de las Monedas Virtuales. Otros países europeos como Francia van ya por delante  regulando el Sector Cripto a través de Autorité des Marchés Financiers (AMF), quién desde abril de 2019 ha regulado la actividad de los Proveedores de Servicios de Activos Digitales y publicado desde el 20 de diciembre las nuevas normas que les afectan. En algunos Estados Europeos, aunque todavía no han aprobado las normas si se han pronunciado, como el caso de Holanda que ha establecido que las empresas que regulen servicios de cambio de monedas virtuales deberán registrarse en el Banco Central Holandés, o Alemania que a pesar de no haber transpuesto la directiva, sí ha regulado y permitido al sector financiero comprar y vender monedas virtuales y somete a la obtención de la correspondiente autorización a los Proveedores de servicios de Activos Virtuales a través de la Federal Financial Supervisory Authority (BaFin).

Por otro lado, podemos concluir que la Directiva nace incompleta, ya que su ámbito de aplicación es necesario ampliarlo a cualquier proveedor de servicios de Activos Virtuales y no sólo de Monedas Virtuales, como bien apuntó la GAFI con la publicación el pasado 21 de junio de 2019 de la Guía para los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales , «Los activos virtuales y los servicios financieros relacionados tienen el potencial de estimular la innovación financiera y la eficiencia y mejorar la inclusión financiera, pero también crean nuevas oportunidades para que delincuentes y terroristas blanqueen sus ganancias o financien sus actividades ilícitas. Esta Guía ayudará a los países y a los proveedores de servicios de Activos Virtuales a comprender sus obligaciones de lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, y a aplicar eficazmente los requisitos del GAFI a medida que se aplican a este sector»

Es necesario por tanto, ampliar el ámbito de aplicación de la 5ª Directiva e incluir a los Activos Virtuales, también llamados criptoactivos o tokens, los cuales actualmente pueden ser utilizados como medio de pago, inversión o transferencia de valor.

Con la reciente constitución del Gobierno Español (enero 2020) deberemos ser pacientes para ver las modificaciones correspondientes en la normativa de prevención de Blanqueo de Capitales Española y me temo que más aún para la creación del Registro correspondiente de Proveedores de Servicios Cambio de monedas o Activos Virtuales.

 

Fernando Mª Ramos Suárez
Socio Director DPO&itlaw, S.L.
Mail: fernandoramos@dpoitlaw.com
tt. @fernandoramosTI

6
Jul

Aprobada la 5ª Directiva de Blanqueo de Capitales COM (UE) 2018/843 de 30 de mayo de 2018 , por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifican las Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE y se regula la actividad de los Exchangers

El Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron el pasado 30 de mayo de 2018 la Directiva para reforzar las normas de la UE contra el Blanqueo de Capitales con el objetivo de combatir la financiación del terrorismo y aumentar la transparencia sobre la titularidad real de las sociedades y fondos fiduciarios.

Esta  Directiva es la primera iniciativa europea para llevar a la práctica el Plan de Acción de lucha contra la financiación del terrorismo de febrero de 2016, y en relación con la actividad del sector de las Monedas Virtuales podemos considerar que es la primera iniciativa legislativa Europea de regulación de dicho sector, siguiendo las recomendaciones Banco Central Europeo, que en su Informe de Febrero de 2015 relativo a la Monedas Virtuales  establecía que las Monedas Virtuales no se encontraban reguladas, y que las autoridades nacionales y europeas debían utilizar los marcos legislativos existentes de regulación y supervisión para que los mismos fueran aplicables a las Monedas Virtuales a través de su modificación y adaptación.

La Directiva (UE) 2018/843  por la que se modifica la Directiva de Prevención de Blanqueo de Capitales (EU) 2015/849 (4AMLD) incluye dentro de su ámbito de aplicación a las Agencias o Plataformas de cambio de Monedas Virtuales (Exchangers) sometiéndolas a supervisión con arreglo a la legislación sobre el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a nivel nacional. Dicha inclusión se realiza ampliando el ámbito de aplicación de la Directiva 4AMLD, evitando de esta manera la utilización indebida de las Monedas Virtuales para blanquear dinero y financiar el terrorismo. En este sentido, los Exchangers se verán sometidos a aplicar controles de diligencia debida con respecto al cliente a la hora de intercambiar Monedas Virtuales por moneda corriente, poniendo fin al anonimato asociado a dichos intercambios.

La inclusión de los Exchagers o Plataformas de Cambio de Monedas Virtuales dentro del ámbito de aplicación de la Cuarta Directiva de Blanqueo 4AMLD se realiza modificando o incluyendo los siguientes artículos:

  • Se incluye dentro del artículo 2 de la Directiva relativo a las entidades obligadas los siguientes apartados:
  1. letra «g)» Los proveedores de servicios de cambio de monedas virtuales por monedas fiduciarias.
  2. letra «h)» Los Proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos, que define como: una entidad que presta servicios de salva­ guardia de claves criptográficas privadas en nombre de sus clientes, para la tenencia, el almacenamiento y la transferencia de monedas virtuales.

 

  • Se incluye dentro de las definiciones del artículo 3 el punto 18) relativo a las Monedas Virtuales, las cuales son definidas como: representación digital de valor no emitida ni garantizada por un banco central ni por una autoridad pública, no necesariamente asociada a una moneda establecida legalmente, que no posee el estatuto jurídico de moneda o dinero, pero aceptada por personas físicas o jurídicas como medio de cambio y que puede transferirse, almacenarse y negociarse por medios electrónicos.

 

  • En el artículo 47 relativo a la Supervisión establece que los Estados miembros garantizarán que los proveedores de servicios de cambio de monedas virtuales por monedas fiduciarias y los proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos estén registrados.

Podemos por tanto concluir, que los Estados miembros estarán obligados a modificar sus respectivas normativas relativas al Blanqueo de Capitales para incluir a las Plataformas de Cambio de monedas Virtuales y Proveedores de Monederos o Wallets de Monedas Virtuales antes del 10 Enero de 2020 (art. 4 de la 5ª Directiva).

Será por tanto a partir de la transposición de la Directiva por los Estados miembros en sus respectivas legislaciones ( obligatorio antes del 10 de Enero de 2020), cuando los Exchangers Europeos quedarán sujetos a la normativa de Blanqueo de Capitales, siendo recomendable que para esas fechas todos los proveedores de servicios de cambio de monedas tengan una política de prevención de Blanqueo de Capitales que entre otras cuestiones incluya las siguientes políticas o procedimientos:

  • Estudio y análisis del riesgo en la operaciones.
  • Identificación formal del cliente y establecimiento de determinados umbrales económicos por operaciones o acumulación de operaciones en determinados plazos.
  • Filtrado contra listados Europeos y Americanos de personas y entidades con sanciones financieras.
  • Análisis del propósito o índole en la relación de negocios del cliente.
  • Redacción de políticas de admisión de clientes.
  • Seguimiento continuado de la relación de negocios
  • Implantación de sistemas técnicos de Alertas en función de la tipología del cliente, interviniente y cuantía de las operaciones.
  • Identificación de las operaciones susceptibles de Blanqueo.
  • Establecimiento de canales de denuncia internos y procedimientos de comunicación ante el SEPBLAC.
  • Redacción del correspondiente Manual de Prevención.
  • Constitución de un órgano interno de control.
  • Auditorías Externas anuales por expertos externos en PBC.
  • Formación del personal.

Políticas a las que consideramos habría que añadir los propios controles tecnológicos y limitaciones propias del sector como:

  • Registro y almacenamiento de las Direcciones IP/Fecha/hora de conexión de las transacciones, así como documentación de identificación de los clientes durante un periodo de al menos 5 años.
  • Códigos de Doble autenticación del usuario a través de teléfonos móviles.
  • Limitación de las conexiones encriptadas vía TOR o similares, así como aquellas realizadas a través de proxy.
  • Exclusión de países, territorios o jurisdicciones de riesgo.
  • Limitaciones en el número de operaciones (día, semana, mes, año)
  • Monitorizaciones del comportamiento del usuario en la cadena o bloque del protocolo, en supuestos de sospecha o diligencias reforzadas de investigación.
  • Auditorías e investigaciones sobre el origen de los fondos del usuario.
  • Copia digitalizada o imagen del DNI o pasaporte por el anverso y reverso.
  • Almacenamiento de las Direcciones Públicas de los Monederos a los que se transfirieron o desde los que se recibieron monedas virtuales.
  • Video conferencia con el documento de identificación, en operaciones cuya contratación se realiza de forma no presencial o a distancia cuya cuantía económica sea superior a 1.000 euros.

Con esta iniciativa, queda por tanto despejada la duda sobre la aplicación de la normativa de Blanqueo de Capitales Europea a la actividad de los Exchangers, los cuales en su gran mayoría ya venían aplicándola de forma voluntaria en la medida en que su actividad incidía directamente en las operaciones diarias con las Entidades Financieras, bien por la necesidad de realizar transferencias bancarias a las cuentas de los clientes para el ingreso del pago en moneda corriente, bien por el pago de la compraventa con tarjetas de crédito, extracción de cajeros, procesadoras de pago etc.

Sin embargo, la Directiva nace incompleta,  ya que su ámbito de aplicación es necesario ampliarlo a cualquier proveedor de servicios de Activos Virtuales y no sólo de Monedas Virtuales, como bien apuntó la GAFI con la publicación el pasado 21 de junio de 2019 de la Guía para los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales , «Los activos virtuales y los servicios financieros relacionados tienen el potencial de estimular la innovación financiera y la eficiencia y mejorar la inclusión financiera, pero también crean nuevas oportunidades para que delincuentes y terroristas blanqueen sus ganancias o financien sus actividades ilícitas. Esta Guía ayudará a los países y a los proveedores de servicios de Activos Virtuales a comprender sus obligaciones de lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, y a aplicar eficazmente los requisitos del GAFI a medida que se aplican a este sector»

Es necesario por tanto por parte de los reguladores, ampliar el ámbito de aplicación de la 5ª Directiva e incluir a los activos virtuales, también llamados criptoactivos o tokens, los cuales actualmente pueden ser utilizados como medio de pago, inversión o transferencia de valor.

Quedaría no obstante lo anterior, despejar la duda sobre que tipo de obligación de  registro o licencia establecerán los Estados Miembros a la actividad del Exchanger, ya que si bien se establece como obligación sujetar la actividad de cambio a licencia o registro, no se establece por la propuesta si la misma deberá quedar sometida a la licencia de Medio de Pago o licencia de Cambio de divisas.

A este respecto, todo apuntaría a que aquellas actividades de los Exchangers que supongan una gestión o deposito de fondos bien de moneda corriente o moneda virtual debería quedar sujeta la licencia de medio de pago regulada en España por Ley 16/2009, de 13 de noviembre de servicios de pago a través del régimen de autorización establecido por Real Decreto 712/2010 de 28 de mayo sobre el régimen jurídico de los servicios de Pago, normativa que por otro lado deberá ser modificada y adaptada antes del 13 enero de 2018 a la vigente Directiva 2015/2366 de 25 de noviembre de 2015 sobre servicios de pago. Sin  embargo, entendemos que aquella actividad del Exchanger que únicamente suponga un cambio de moneda sin posibilidad de depósito de la misma o gestión de las claves o del monedero o Wallet, debería quedar sometida a la licencia de Establecimiento de cambio de moneda extranjera establecidas por el RD 2660/1998 de 14 de diciembre, cuyas obligaciones y requisitos consideramos que son mucho menores que los establecidos para los medios de pago.

La polémica está servida, ¿se equipará la actividad de los Exchangers Europeos a las normas y procedimientos exigidos a los Exchangers Americanos, o por el contrario se promoverá la actividad de las start-ups europeas permitiendo que las mismas inicien sus actividades sin incurrir en elevados costes económicos a la hora de solicitar las licencias para el inicio de la actividad?

Hasta el momento a diferencia de España, hay movimiento por parte de otros Estados Europeos en la regulación del Sector, como la Financial Conduct Authority (FCA) de Reino Unido quién comunicó el pasado viernes 10 de enero de 2020 que será la Autoridad Supervisora del Sector Cripto, o la Austrian Financial Market Authority (FMA) que también aseguró el pasado jueves 9 de enero de 2020 que será Autoridad Reguladora de las Monedas Virtuales. Otros países europeos como Francia van ya por delante  regulando el Sector Cripto a través de Autorité des Marchés Financiers (AMF), quién desde abril de 2019 ha regulado la actividad de los Proveedores de Servicios de Activos Digitales y publicado desde el 20 de diciembre las nuevas normas que les afectan. Otros países aunque todavía no han aprobado las normas si se han pronunciado como el caso de Holanda que ha establecido que las empresas que regulen servicios de cambio de monedas virtuales deberán registrarse en el Banco Central Holandés, o Alemania que a pesar de no haber transpuesto la directiva sí ha regulado y permitido al sector financiero comprar y vender monedas virtuales y somete a la obtención de la correspondiente autorización a los Proveedores de servicios de Activos Virtuales a través de la Federal Financial Supervisory Authority (BaFin). También está el caso de Finlandia que ha establecido unas obligaciones de Registro. Tras la reciente constitución del Gobierno Español, deberemos ser pacientes y esperar en España a la mencionada transposición de la 5ª Directiva 2015/849 a través de la modificación de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y la creación del correspondiente Registro para los proveedores de servicio de Monedas Virtuales y Cripto Activos o Activos Virtuales.

 

Fernando Mª Ramos Suárez
Socio Director DPO&itlaw, S.L.
Mail: fernandoramos@dpoitlaw.com
tt. @fernandoramosTI
www.dpoitlaw.com

14
May

Comparativa con la normativa española de la sanción a RIPPLE (cambiador o exchanger de monedas virtuales en Estados Unidos) por incumplimiento de la normativa de blanqueo de capitales

El pasado 5 de mayo de 2015 el FINCEN (La autoridad Americana encargada de velar por el blanqueo de capitales y los delitos financieros) sancionó con una multa de 700.000 dólares a Ripple Labs y su subsidiaria XRP Fund II, por actuar como un Transmisor de Dinero o MSB (Money Service Business), en la venta de monedas virtuales (o lo que vendría a ser el Sujeto Obligado en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales PBC según la legislación española) y haber incumplido las distintas obligaciones que marca la Bank Secrecy Act (BSA o en caso de España la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales o LPBC).

Me parece de especial interés realizar una análisis de los incumplimientos de dichas obligaciones en materia de PBC o AML (Anty Money Laundering) realizados por Ripple y comprobar si los mismos podrían ser sancionables con la normativa española de Prevención de Blanqueo de Capitales.

Uno de los primeros incumplimientos por parte de Ripple es la falta de registro a nivel Federal para actuar como Transmisor de Dinero o MSB. Efectivamente el 18 de marzo de 2013 el FINCEN publicó una guía sobre la aplicación de la BSA a las monedas virtuales. En dicha guía se definen tres categorías de personas susceptibles de encontrarse sujetas a la normativa:

  • El Usuario o persona que obtiene la moneda virtual con el fin de comprar productos o servicios.
  • El Cambiador o Exchanger cuyo objeto social es el intercambio de moneda virtual por moneda real, fondos o cualquier otra moneda virtual.
  • El Administrador la persona que se dedica a emitir o poner en circulación la moneda virtual y que tiene la capacidad de retirarla o quitarla de la circulación.

Tras estas definiciones la Guía establece que los cambiadores o exchangers y los administradores son considerados como Transmisores de Dinero o MSB y que por tanto deberán registrarse como tales ante el FINCEN debiendo cumplir adicionalmente con las obligaciones en materia de Blanqueo que marca la BSA. Se concluye por tanto que todo Cambiador o Exchanger está sujeto a la BSA y debe registrarse ante el FinCEN y cumplir la BSA.

A diferencia de Estados Unidos, en España y Europa, todavía no ha existido un pronunciamiento o aclaración respecto de la aplicación de la LPBC o la Directiva de Prevención de Blanqueo de capitales. En nuestro reciente artículo sobre la Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias en materia de Blanqueo de Capitales argumentábamos que si bien las monedas virtuales todavía no han sido catalogadas por la Unión Europea como instrumentos financieros, o medios de pago al portador, sí que es cierto que al existir una estrecha relación entre los Cambiadores o Exchangers y el sistema financiero (transferencias bancarias, pago con tarjetas, retirada en efectivo de cajeros etc…) se hacía recomendable un cumplimiento voluntario por parte de los Cambiadores de la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales. Recomendación por otro lado puesta de manifiesto por el European Banking Authority en su opinión de 4 julio de 2014 sobre las monedas virtuales quién recomendaba a los legisladores europeos (párrafo 178) que incluyeran a los Cambiadores de monedas virtuales o Exchangers dentro del ámbito de aplicación de la Directiva de Blanqueo. Por tanto a pesar de no tener una Guía de interpretación de la Normativa de Prevención de Blanqueo similar a la del FinCEN sí podemos considerar necesario cumplir voluntariamente con la Normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales, máxime cuando dichos Cambiadores podrían estar cometiendo delitos calificados en nuestro Código Penal como Delitos de Blanqueo de Capitales según el art.301 y siguientes con penas de hasta 6 años de prisión.

Considerando por tanto que en España los Cambiadores podrían ser considerados como sujetos obligados en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales, nos encontramos que no existe en España una obligación de registro similar a la del FinCEN y por tanto ante servicio ejecutivo de Prevención de Blanqueo Español (SEPBLAC). No obstante lo anterior, comprobamos que sí que existe una obligación de comunicación del Representante del Sujeto Obligado ante el SEPBLAC, acompañando dicha comunicación con determinada documentación como el nombramiento por el órgano de dirección del Sujeto Obligado, descripción detallada de la trayectoria profesional, DNI etc… Así mismo comprobamos que el incumplimiento de dicha obligación de comunicación es calificado por el art. 52 n) la Ley 10/2010 de PBC como una infracción grave, la cual podrá se sancionable conforme al art. 57 con multas de 60.000 a 150.000 euros para el sujeto Obligado y multa de 3.000 o 60.0000 euros a quienes ejerciendo el cargo de administración o dirección fueran responsables de la infracción.

Siguiendo con el estudio de los incumplimientos realizados por Ripple y que fueron sancionados por el FinCEN, nos encontramos con las siguientes hechos sancionados:

  1. Falta de implantación y mantenimiento de una Política o Programa de Prevención de Blanqueo de Capitales. Ripple no tenía:
    1. Políticas procedimientos y controles adecuados que garantizasen el cumplimiento de las obligaciones de la BSA (Bank Secrecy Act).
    2. No se había nombrado a un Responsable de Cumplimiento (Chief Compliance Officer) que garantizase el cumplimiento interno de la BSA.
    3. No se había implantado internamente un programa de formación en materia de Blanqueo a empleados que entre tras cuestiones incluyera la formación para la detección de operaciones sospechosas.
    4. Tampoco se había realizado una revisión o auditoría de sus procedimientos.
  2. Incumplimiento en la comunicación de operaciones sospechosas, por conocimiento o indicio o aquellas que supongan operaciones por valor de 2.000 dólares o más.
  3. Falta de identificación formal del cliente o incumplimiento del “Know Your Customer” (KYC) en una operación de 250.000 dólares.
  4. Falta de comunicación de determinadas operaciones sospechosas a pesar de que las mismas no fueron realizadas por Ripple.

Analizando los hechos con la normativa española de Prevención de Blanqueo de Capitales efectivamente comprobamos que existen similares obligaciones las cuales también serían sancionables.

  1. De forma similar a la BSA y a los incumplimientos de Ripple, nuestra LPBC prevé dichas obligaciones en cuanto al mantenimiento de una política o programa de Prevención de Blanqueo:
    1. En los artículos 26 y siguientes de la Ley 10/2010 8LPBC) se establecen medidas de control que implican la aprobación por escrito de políticas y procedimientos en materia de prevención de blanqueo de capitales para cumplir con las obligaciones de diligencia debida, información, conservación de documentos, control interno, evaluación de riesgos y comunicación de operaciones. Dichas medidas se suelen traducir en la redacción un Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales.
    2. En el apartado 2 del mencionado art. 26 se establece la ya mencionada obligación de nombrar un Representante ante el SEPBLAC, así como la obligación de creación de un Órgano de Control Interno que deberá estar constituido por personal directivo con representación de las distintas áreas de negocio del Sujeto Obligado.
    3. En el art. 29 de la LPBC se establece además la obligación de formación a empleados del contenido de la Ley.
    4. Igualmente el art. 28 de la LPBC establece la obligación de realizar un examen anual por un experto externo cuyos resultados deberán ser comunicados al órgano de administración del Sujeto Obligado.

    El incumplimiento de estas obligaciones es calificado por el artículo 52 apartado m), n), ñ), o), p), q) y r), como infracciones graves con multas de 60.000 a 150.000 euros para el sujeto Obligado y multa de 3.000 o 60.0000 euros a quienes ejerciendo el cargo de administración o dirección fueran responsables de la infracción

  2. Así mismo de forma similar a la BSA los sujetos obligados están obligados a Comunicar operaciones Sospechosas por conocimiento o indicio, así como comunicaciones sistemáticas mensuales de operaciones por importe superiores a 30.000 euros o importes superiores a 1.500 euros en los casos de envío de dinero.
    El incumplimiento de estas obligaciones es calificado por el artículo 52 apartado h) y j), como infracciones graves con multas de 60.000 a 150.000 euros para el sujeto Obligado y multa de 3.000 o 60.0000 euros a quienes ejerciendo el cargo de administración o dirección fueran responsables de la infracción.
  3. Con respecto al incumplimiento de KYC, existe en la normativa española obligaciones relativas a las medidas normales de diligencia debida (art. 3 y siguientes de la LPB) que obligan a la identificación formal del cliente (bien persona física o jurídica), así como implantar otras medidas, como obtener información sobre el propósito o índole prevista de la relación de negocios, seguimiento continuado etc…
    El incumplimiento de estas obligaciones es calificado por el artículo 52 apartado a), b), c) y d) como infracciones graves con multas de 60.000 a 150.000 euros para el sujeto Obligado y multa de 3.000 o 60.0000 euros a quienes ejerciendo el cargo de administración o dirección fueran responsables de la infracción.
  4. Por último y en relación con la falta de comunicación de operaciones fallidas la normativa española también establece la obligación de comunicación de dichas operaciones a pesar de las mismas fueran fallidas. (art. 18 de la LPBC).

Podemos concluir por tanto que a pesar de ser normativas diferentes las mismas regulan conductas o incumplimientos parecidos, los cuales también podrían ser sancionables en la jurisdicción española con multas que acumuladas podrían perfectamente llegar a similares cantidades económicas que rondasen los 500.000 euros.

Sin embargo, estimamos que es necesario que el legislador europeo o español, de forma similar a como hizo el FinCEN en marzo del 2013, realicen una interpretación de los marcos legislativos actuales de regulación y supervisión para que los mismos sean aplicables a las monedas virtuales y que si no fuere posible procedan a su modificación y adaptación, con el objeto de esclarecer el ámbito de aplicación de la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales al entorno de las monedas virtuales y más en concreto a los cambiadores de monedas virtuales o Exchangers.

Fernando Mª Ramos Suárez
DPO&it law
Socio Director
fernandoramos@dpoitlaw.com
tt. @fernandoramosTI
Noticias TIC: news.dpoitlaw.com
www.dpoitlaw.com

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