El nuevo código penal, de 23 de diciembre de 2010, introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas, tendencia internacional proveniente de los países anglosajones.

  • Artículo 31 bis: 1. En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho.
  • En los mismos supuestos, las personas jurídicas serán también penalmente responsables de los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en provecho de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por no haberse ejercido sobre ellos el debido control atendidas las concretas circunstancias del caso.

En definitiva, la empresa (persona jurídica) puede ser imputable penalmente por:

  • Actos cometidos en su nombre, por sus representantes, y en provecho de la misma.
  • Actos cometidos por cualquier persona a cargo de los representantes de la empresa, que actúe en provecho de la misma, sin el debido control.


El establecimiento en la empresa de políticas y procedimientos para prevenir y detectar las conductas criminales, exime o atenúa su responsabilidad penal.

En consecuencia, conforme a esta reforma, la persona jurídica se encuentra obligada a establecer reglas de control no previstas en el Código Penal, y que a falta de definición legal han de acomodarse a las mejores prácticas organizacionales.

Por tanto, si se han adoptado las medidas de control exigibles y un plan de prevención eficaz conforme a criterios razonables, no cabe atribuir responsabilidad penal a la persona jurídica (políticas de Corporate compliance o procedimientos de Corporate defence propios de la tradición empresarial anglosajona).

Los aspectos claves del nuevo sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas pueden resumirse en las siguientes:

  • La persona jurídica responderá penalmente en todo caso, si los hechos han sido cometidos por sus representantes, administradores o personas con capacidad de obligarla.
  • Responderá también cuando los hechos hayan sido cometidos por las personas que se encuentren al servicio de los anteriores o bajo su autoridad, cuando no hubiese existido el debido control.
  • La reforma penal espera de la reforma que colabore no solo en la prevención de los hechos delictivos que pudieran cometerse en su seno, sino también que, cuando el delito ya se ha producido, implante medidas correctoras eficaces que eviten su repetición; hasta el punto de que se valora esto último como circunstancia atenuante.
  • La responsabilidad de la persona jurídica no excluye la personal de los autores directos de los hechos, si estos pueden ser identificados y se prueba su participación.
  • Las penas se concretan desde la multa a la disolución de la sociedad, la suspensión de actividades y la intervención judicial

Las Medidas a adoptar, dependiendo de las circunstancias y tipología de cada compañía,  para evitar o atenuar la responsabilidad penal de las empresas son las siguientes:

  • Establecimiento de controles internos para prevenir la probabilidad de conductas realizando un análisis de riesgos y detectando los puntos débiles.
  • Determinar personas concretas que velen por el cumplimiento del programa.
  • Evaluación periódica de su cumplimiento y actualización de sistemas y riesgos (adaptados a nuevos servicios, nuevos perfiles de los empleados, cambios organizacionales…).
  • Publicitar un sistema para  que los empleados y proveedores puedan denunciar o comunicar conductas o actuaciones dudosas sin miedo a represalias, son las llamadas “líneas éticas”.
  • Elaborar un Manual de Prevención y Respuesta de Delitos, y un Código de Conducta que sean comunicados y públicos para toda la organización.

Servicios

Identificación del mapa de riesgos penales que pueden afectar a la persona jurídica.

Identificación y valoración de los protocolos ya implantados y valoración de los posibles ajustes necesarios.

Propuesta de medidas y protocolos a implantar.

Implantación del Plan de Prevención de Delitos y de formación.

Evaluación de la eficacia del Plan de Prevención de Delitos.

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