Leyes

11
Dic

DPO&IT Law invitado en el programa El Gato al Agua

Fernando Mª Ramos, socio Director de DPO&IT Law, fué invitado a participar en el programa El Gato al Agua para hablar sobre la aplicación de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos y de Garantía de Derechos Digitales (LOPDGDD).

(a partir del minuto 51:25)

25
Ene

La Fiscalía General del Estado establece en su Circular 1/2016 los criterios para valorar la eficacia de las Políticas de Responsabilidad Penal Corporativa

La Fiscalía General del Estado ha publicado la Circular 1/2016 sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas de acuerdo con la reforma del Código Penal efectuada por la Ley Orgánica 1/2015. A través de esta Circular se pretende dar instrucciones a los Fiscales sobre como deben de aplicar la mencionada reforma y lo que es quizás más importante, cómo deben de valorar la eficacia de las Políticas de Responsabilidad Penal Corporativa implantadas por las Empresas para que sean consideradas como una eximente de su responsabilidad penal.

Si bien hasta el momento no hay muchos pronunciamientos en los tribunales de lo dispuesto en el art. 31 bis, ter, quater y quinquies y el posible efecto que la reforma va a tener en la gestión de las Políticas de Responsabilidad Penal Corporativa. (Hasta el momento se han dictado resoluciones como la de la Audiencia Provincial de La Coruña, Sección 2ª, resolución 313/2015 de 25 de mayo de 2015, en la que se absuelve a una empresa de compra y venta de oro y joyas, o la reciente sentencia de la sala de lo Penal del Tribunal Supremo num. 514/2015 de 2 de sepriembre rec.111/2015) es interesante identificar en la Circular 1/2016 que reglas van a ser aplicadas por los fiscales en la valoración de los modelos de gestión o Políticas RPC.

En este sentido consideramos interesantes destacar los siguientes aspectos de l Circular 1/2016:

  • Condiciones y Requisitos la Políticas de Responsabilidad Penal Corporativa
    • Las Políticas de RPC deben de ser claras, precisas y eficaces, redactas por escrito, y que se encuentren adaptados a la empresa y sus concretos riesgos. No basta la existencia del Programa o Política RPC, será necesario acreditar su adecuación para prevenir el delito concreto que se haya cometido (no es suficiente copiar programas de otras empresas o sectores)
    • Necesario identificar y gestionar adecuadamente los riesgos estableciendo las medidas para neutralizarlos. Las Políticas deben permitir identificar, gestionar, controlar y comunicar los riesgos reales y potenciales derivadas de la actividad empresarial.
    • El análisis del riesgo debe de identificar y evaluar el riesgo por tipos de clientes, países o áreas geográficas, productos, servicios operaciones. tomando en consideración variables como el propósito de la relación de negocio, su duración o el volumen de operaciones.
    • Es importante la existencia de aplicaciones informáticas que controlen procesos internos de negocia de la empresa. (La aplicación o ERP de la empresa debe ser robusta y mínimamente auditada)
    • Garantizar altos estándares éticos en la contratación de directivos y en el nombramiento de los miembros de los órganos de administración (tener en cuenta la trayectoria profesional del aspirante).
    • Las Políticas de Responsabilidad Penal Corporativa deben posibilitar la detección de conductas criminales, a través de canales de denuncias, debiendo contar con una regulación protectora del denunciante facilitando a éste último comunicar incumplimientos varios con las debidas garantías de confidencialidad.
    • Existencia de un código de conducta en el que se establezcan claramente las obligaciones de los directivos y empleados, y las sanciones por incumplimiento, debiendo incluir aquellas conductas que contribuyan a impedir o dificultar el descubrimiento de la conducta delictiva, así como la sanción del deber específico de poner en conocimiento del órgano de control los incumplimientos detectados.
    • La Política de RPC deberá incluir una verificación periódica o revisión del modelo de gestión.
    • La exención de la pena sólo se dará si los autores lo cometieron eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y control.
  • El Órgano de Control de las Políticas de Responsabilidad Penal Corporativa. Respecto al órgano específico de la persona jurídica con funciones de control y supervisión interna de las Políticas RPC, destaca los siguientes puntos:
    • Debe de ser un órgano específico con poderes autónomos de iniciativa y control, creado específicamente para asumir este función.
    • Dependiendo del tamaño de la persona jurídica podrá estar constituido por una o varias personas con suficiente formación y autoridad.
    • Deberá participar en la elaboración de las políticas RPC y asegurar su buen funcionamiento estableciendo sistemas de auditoría, vigilancia y control para verificar el cumplimiento de los requisitos de las Políticas RPC.
    • Deberá contar de personal con los conocimientos y experiencia profesional suficientes, disponer de medios técnicos adecuados así como tener acceso a los procesos internos, información necesaria y actividades de las personas jurídicas para garantizar una amplia cobertura de la función encomendada.
    • Posibilidad de externalización de las actividades propias del Órgano de control como la formación y auditoría.
    • Garantizar la independencia del Órgano de control a través de su separación operacional con el órgano de administración de la Empresa.
  • Criterios para valorar la Eficacia de las Políticas de Responsabilidad Penal Corporativa
    1. La implantación de las Políticas RPC no puede ser usada por la Empresa para eludir la responsabilidad y que se constituya como un salvoconducto de impunidad de la Persona Jurídica.
    2. Las Políticas RPC no sólo tienen por objeto evitar la sanción penal de la empresa si no promover una verdadera cultura ética empresarial. Deben de expresar un compromiso corporativo que realmente disuada las conductas criminales en beneficio de la Empresa.
    3. Las certificaciones sobre idoneidad del modelo expedidas por terceros podrán apreciarse como un elemento adicional de cumplimiento, pero en modo alguno acreditan la eficacia de la Política RPC ni sustituyen la valoración del órgano judicial.
    4. Compromiso y apoyo de la alta dirección de la Empresa. Implicación del Consejo de Administración y de los principales ejecutivos. Se presumirá que el programa no es eficaz si un alto responsable de la Empresa participó, consintió o toleró el delito.
    5. Existencia de altos estándares éticos en la contratación y promoción de directivos y empleados.
    6. La capacidad de detección de los incumplimientos será un elemento sustancial para la eficacia de las Políticas RPC. Concesión de especial valor a la Política RPC si el delito ha sido puesto en conocimiento por la Empresa.
    7. Se podrá poner en entredicho la Política RPC a tenor de la gravedad de la conducta delictiva, el alto número de empleados implicados, la baja intensidad del fraude empleado para eludir la Política RPC o la frecuencia y duración de la actividad criminal.
    8. La firmeza en la respuesta de la empresa ante vulneraciones precedentes transmite a los empleados un mensaje claro de intolerancia antes conductas no éticas.
    9. Valoración de las actuaciones llevadas a cabo por la persona jurídica tras la comisión del delito, como la sanción disciplinaria, la revisión de la Política de Responsabilidad Penal Corporativa introduciendo las modificaciones necesarias para su correcta adecuación, la reparación del daño, colaboración activa en la investigación o la aportación al procedimiento de la investigación interna, revelan un correcto nivel de compromiso ético de la Empresa. Operarían en sentido contrario el retraso en la denuncia de la conducta delictiva o su ocultación y actitud obstructiva o con colaboración con la justicia.

Consideramos por tanto que toda Organización que implante una Política de Responsabilidad Penal Corporativa deberá verificar que sus modelos de gestión y control cumplen con los criterios de valoración sentados por la Cricular 1/2016, y de esta forma garantizar la exención de responsabilidad penal en los supuestos de comisión de delitos cometidos por directivos y empleados en beneficio de la Empresa.

 

Fernando Mª Ramos Suárez

Socio Director

22
Sep

El Tribunal Supremo declara abusiva la cláusula en el contrato de Trabajo por el que se obliga al trabajador a facilitar el número de móvil o correo electrónico a efectos de comunicaciones o notificaciones entre las partes

La Cláusula en concreto introducida era la siguiente:

«ambas partes convienen expresamente que cualquier tipo de comunicación relativa a este contrato, a la relación laboral o al puesto de trabajo, podrá ser enviada al trabajador vía SMS o vía correo electrónico, mediante mensaje de texto o documento adjunto al mismo, según los datos facilitados por el trabajador a efectos de contacto. Cualquier cambio o incidencia con respecto a los mismos, deberá ser comunicada a la empresa de forma fehaciente y a la mayor brevedad posible».

Según la Ley Orgánica de Protección de datos y en concreto según  el art. 6.2 de la LOPD se establece que los datos de los trabajadores no necesitan consentimiento siempre y cuando se refieran al contrato y sean necesarios para si mantenimiento

Artículo 6. Consentimiento del afectado.

  1. El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la ley disponga otra cosa.
  2. No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones públicas en el ámbito de sus competencias; cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento; ………

De forma similar a como podría ocurrir con la imagen, o con el tratamiento de sus datos para el envío de comunicaciones comerciales de terceros, el dato del móvil o del correo electrónico personal, no son datos necesarios para el mantenimiento o cumplimiento del contrato de trabajo, por tanto requerirán del consentimiento previo del trabajador.

Incluir dicho consentimiento en el contrato de trabajo implica a juicio del Tribunal Supremo un abuso ya que el trabajador es la parte más débil del contrato y que, al ser incluida por la empresa en el momento de acceso a un bien escaso como es el empleo, puede entenderse que su consentimiento sobre tal extremo no es por completo libre y voluntario. Por ello dictamina que la cláusula es nula, por atentar contra un derecho fundamental, y «debe excluirse de los contratos de trabajo».

3
Sep

Se aprueba por el pleno del Senado la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

Las principales novedades introducidas la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal -LECri- son las relativas a la introducción de nuevas medidas de investigación tecnológicas que permitan adecuar la labor de investigación de los Jueces y Policía Judicial a las nuevas tecnologías de la Información y Comunicación.

Además se intenta limitar los plazos para la instrucción de determinadas medidas de investigación evitando procesos de instrucción interminables, se transpone la Directiva 2013/48/UE sobre el derecho a la asistencia letrada y se sustituye la palabra “imputado” por las palabras “investigado y encausado”.

Respecto a ésta última novedad, consideramos que dicha sustitución del vocablo “imputado” es un acierto, ya que en determinadas ocasiones “imputado” parece conllevar implícitamente la comisión del delito, cuando en realidad se está aludiendo a la persona sobre la que tan sólo recaen meras sospechas de la comisión del delito y es por ello por lo que resulta investigado. De ahí que el término investigado haga referencia a la persona sometida a investigación y el término encausado haga referencia a la persona que tras la investigación del juez ha sido imputada formalmente en la comisión de un hecho delictivo concreto que deberá resolverse el Juicio Oral.

No obstante, el grueso de la reforma viene a modernizar la justicia permitiendo la entrada de las Tecnologías de la Información y Comunicación en la investigación judicial. Así en la Reforma se abordan medidas de investigación como:

  • La apertura de la correspondencia, privada, postal y telegráfica.
  • La posibilidad de intervenir y registrar las comunicaciones realizadas a través del teléfono o cualquier medio o sistema de comunicación telemática, lógica o virtual.
  • La incorporación al proceso de los datos obrantes en archivos automatizados de prestadores de servicios de comunicación.
  • El acceso por los agentes de policía al IMSI, IMEI dirección IP y otros elementos de identificación de una determinada tarjeta o terminal.
  • La captación y grabación de comunicaciones orales abiertas mediante el empleo de dispositivos electrónicos.
  • La captación de imágenes en lugares o espacios públicos.
  • La utilización de dispositivos o medios técnicos de seguimiento y localización.
  • El registro de dispositivos informáticos de almacenamiento masivo.
  • El registro remoto de equipos informáticos.
  • El agente encubierto

Algunas de estas medidas de investigación están causando mucho revuelo entre activistas y organizaciones como la Plataforma en defensa de la libertad de información, los cuales consideran que es una ley genérica que puede dar lugar a medidas desproporcionadas por parte del gobierno.

Sin embargo, si bien es cierto que en determinados casos la media tecnológica pudiera llegar a ser desproporcionada, no es menos cierto que la mayoría de la medidas vienen a modernizar la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la actividad investigadora de los jueces y la policía.

La ley de Enjuiciamiento Civil fue promulgada en el siglo XIX y suplía su inoperancia en la actual Sociedad de la Información y Comunicación con la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Constitucional, por tanto es un acierto por parte del legislador modernizar la investigación criminal y otorgar mejores herramientas de investigación a los jueces y tribunales.

Con su aprobación las actuaciones y herramientas tecnológicas utilizadas por los criminales para encubrir la comisión de delitos podrán ser investigadas por jueces y tribunales con mayor precisión y eficacia garantizando en muchos casos la condena de estos últimos y por tanto una mayor eficacia en la actual Sociedad de la Información y Comunicación del Poder Judicial y por tanto del Estado de Derecho.

En sucesivos post analizaremos las distintas medidas tecnológicas introducidas por la Ley de Enjuiciamiento Criminal y sus distintas aplicaciones prácticas para la investigación del delito por parte del Juez y de la Policía Judicial.

26
Ago

El TSJ de la Comunidad de Madrid confirma el despido de un trabajador al constatar la empresa a través de cámaras de videovigilancia ocultas la sustracción de productos por parte de un trabajador

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid ha dictado sentencia el 9 de febrero de 2015 confirmando el despido de un trabajador al constatar la empresa la sustracción de determinadas prendas y complementos mediante la instalación temporal de cámaras de videovigilancia.

Esta sentencia del TSJ de Madrid se aparta de la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional  STC 29/2013 (cuyo análisis ya publicamos en nuestro Blog). Dicha doctrina ha sido aplicada recientemente por la sentencia de 13 de mayo de 2014 del Tribunal Supremo que consideraba ilícita la prueba obtenida mediante cámaras de videovigilancia permanentes para el despido disciplinario por incumplimiento de las obligaciones laborales.

A diferencia de la Doctrina comentada, la sentencia del TSJ de Madrid se aparta de dicha doctrina por los siguientes motivos:

  • A diferencia de las anteriores sentencias existe una sospecha previa fundada de la sustracción de determinadas prendas y objetos por parte de los trabajadores.
  • El sistema de videovigilancia instalado es de carácter temporal y puntual, no utilizándose por tanto para el control laboral los sistemas de videovigilancia destinados a garantizar la seguridad del entorno físico y personal de la empresa.
  • Adicionalmente en la sentencia del TSJ se informó al Comité de Empresa de la instalación temporal y puntual del sistema de videovigilancia, cumpliendo con el art. 65.f) del Estatuto de los trabajadores que exige la información consulta con los representantes de los trabajadores en el caso de la implantación y revisión de los sistemas de control del trabajo.

Por tanto podemos confirmar que en determinados supuestos excepcionales en los que existen sospechas fundadas de la existencia de determinados actos ilícitos cometidos por los trabajadores de la empresa, es posible la instalación temporal y  puntual de cámaras de videovigilancia sin la información previa a los trabajadores a través de carteles informativos, siempre y cuando se cumplan  los criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad sentados por la Doctrina del Tribunal Constitucional, especialmente en su sentencia 186/2000.

Es por tanto muy importante analizar cada caso concreto, e identificar si las circunstancias se ajustan a los principios sentados por el Tribunal Constitucional, debiendo en su caso preconstituir prueba sobre las sospechas previas fundadas de la comisión de los actos ilícitos por parte de los trabajadores, instalar cámaras de videovigilancia de forma temporal y puntual, e informar de todo el proceso a los representantes de los trabajadores.

5
Mar

Nuevos delitos para los que está prevista la responsabilidad penal de las personas jurídicas

El 29 de enero de 2015, tuvo entrada en el Senado, el texto aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados, relativo al Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

En el senado se van introducir ciertas mejoras, se han presentado 7 propuestas de veto y 1.044 enmiendas, de las cuales el Grupo Parlamentario Popular ha presentado 91.

Esas enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, que presumimos prosperarán, tienen poca afección en relación a los nuevos tipos delictivos que puede cometer una persona jurídica, que presenta el texto aprobado en el congreso.

De manera que salvo sorpresa, la Ley Orgánica de Reforma del Código Penal que finalmente se apruebe en el congreso, establecerá los nuevos tipos delictivos para los que está prevista la responsabilidad de las personas jurídicas que se detallan a continuación y que podemos clasificar en

  1. Delitos totalmente nuevos para nuestro ordenamiento.
  2. Nuevas formas delictivas de delitos ya existentes.
  3. Delitos ya existentes para los que no se había previsto la responsabilidad de las personas jurídicas, hasta ahora.
  4. Delitos para los que la reforma supone una mejora técnica.

1.- Nuevos delitos en el Código Penal, para los que, además, estará prevista la responsabilidad penal de las personas jurídicas serán:

Financiación ilegal de los partidos políticos (art. 304 bis)

  1. Será constitutivo de delito recibir donaciones o aportaciones destinadas a un partido político, federación, coalición o agrupación de electores, de carácter anónimo, finalista o revocables; o que procediendo de una misma persona física o jurídica, superen los 100.000 euros anuales en dinero o, siendo en especie, su valor exceda de dicho importe y no se haya expedido certificación en la que se haga constar, además de la identificación del donante, el documento público u otro documento auténtico que acredite la entrega del bien donado haciendo mención expresa del carácter irrevocable de la donación.
  2. Recibir financiación por parte de gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas extranjeras o de empresas relacionadas directa o indirectamente con los mismos que superen el importe de 100.000 euros.
  3. Entregar donaciones o aportaciones destinadas a un partido político, federación, coalición o agrupación de electores, por sí o por persona interpuesta, en alguno de los supuestos indicados.

Las penas previstas para la persona jurídica serán:

  • Multa del triplo al quíntuplo del valor de la donación o aportación
  • Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.

Llama la atención que la reforma,no haya incluido este delito en el listado del nuevo artículo 127 bis. Este nuevo artículo establece el denominado “decomiso ampliado”, que se caracteriza, precisamente, porque los bienes o efectos decomisados provienen de otras actividades ilícitas del sujeto condenado, distintas a los hechos por los que se le condena y que no han sido objeto de una prueba plena. El decomiso ampliado ya fue introducido en nuestro Derecho por la Ley Orgánica 5/2010 para los delitos de terrorismo y los cometidos por grupos u organizaciones criminales. La reforma lo extiende a otros supuestos en los que, según la Exposición de Motivos de la Ley de Reforma, es frecuente que se produzca una actividad delictiva sostenida en el tiempo de la que pueden derivar importantes beneficios económicos (blanqueo y receptación, trata de seres humanos, prostitución, explotación y abuso de menores, falsificación de moneda, corrupción en el sector privado, delitos informáticos, cohecho, malversación o delitos patrimoniales cometidos con profesionalidad). Sin embargo, parece que la financiación ilegal de partidos políticos, no suele ser una actividad sostenida en el tiempo o de la que se puedan derivar importantes beneficios. Afirma también, la Exposición de Motivos, que el decomiso ampliado permitirá a los jueces y tribunales, en los supuestos de condenas por delitos que normalmente generan una fuente permanente de ingresos, ordenar el decomiso de bienes y efectos del condenado procedentes de otras actividades delictivas. Sin embargo, de nuevo parece que la financiación ilegal de los partidos no puede guardar conexión con otras actividades ilícitas que generen bienes y efectos.

2.- Nuevas formas delictivas de delitos ya existentes en el Código Penal y para los que estaba ya prevista la responsabilidad penal de las personas jurídicas, serán:

La Trata de seres humanos (art. 177 bis)

La trata de seres humanos será también delito cuando se realice mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de la persona que poseyera el control sobre la víctima.

La Frustración de Ejecución (arts. 257 a 258 ter)

La nueva redacción del Código Penal, mantiene el capítulo dedicado a las Insolvencias punibles, pero extrae del mismo y reubica, en un nuevo capítulo, Capítulo VII, del Título XIII, del Libro II, el delito de alzamiento de bienes y demás delitos de frustración de las ejecuciones.

Además de esta reubicación se prevén tres nuevos tipos:

  1. Presentar, en un procedimiento de ejecución judicial o administrativo, a la autoridad o funcionario encargados de la ejecución, una relación de bienes o patrimonio incompleta o mendaz, dilatando, dificultando o impidiendo la satisfacción del acreedor.
  2. Dejar de facilitar la relación de bienes o patrimonio, en un procedimiento de ejecución judicial o administrativo.
  3. Hacer uso de bienes embargados por autoridad pública que hubieran sido constituidos en depósito sin estar autorizado para ello.

Las penas previstas para la persona jurídica son:

  • Multa de dos a cinco años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años
  • Multa de uno a tres años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de dos años no incluida en el inciso anterior.
  • Multa de seis meses a dos años, en el resto de los casos.

Los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas restrictivas de derechos recogidas en las letras b a g del apartado 7 del artículo 33.

Insolvencia punible (arts. 259 a 261 bis)

Como ha quedado dicho, la nueva redacción del Código Penal, mantiene el capítulo dedicado a las Insolvencias punibles, ahora Capítulo VII bis, del Título XIII del Libro II, si bien lo reforma por completo.

Así se distinguen dos grupos de delitos en función de si existe o no procedimiento concursal en curso:

  1. Encontrarse en una situación de insolvencia actual o inminente sin haberse admitido a trámite la solicitud de concurso.
    1. Ocultar, destruir, causar daños o realizare cualquier otra actuación que no se ajuste al deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos y que disminuya el valor de elementos patrimoniales que estén incluidos, o que habrían estado incluidos, en la masa del concurso en el momento de su apertura.
    2. Realizar actos de disposición mediante la entrega o transferencia de dinero u otros activos patrimoniales, o mediante la asunción de deudas, que no guarden proporción con la situación patrimonial del deudor, ni con sus ingresos, y que carezcan de justificación económica o empresarial.
    3. Realizar operaciones de venta o prestaciones de servicio por precio inferior a su coste de adquisición o producción, y que en las circunstancias del caso carezcan de justificación económica.
    4. Simular créditos de terceros o reconocer créditos ficticios.
    5. Participar en negocios especulativos, cuando ello carezca de justificación económica y resulte, en las circunstancias del caso y a la vista de la actividad económica desarrollada, contrario al deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos.
    6. Incumplir el deber legal de llevar contabilidad, llevar doble contabilidad, o cometer en su llevanza irregularidades que sean relevantes para la comprensión de su situación patrimonial o financiera.
    7. Destruir o alterar los libros contables, cuando de este modo se dificulte o impida de forma relevante la comprensión de su situación patrimonial o financiera.
    8. Ocultar, destruir o alterar la documentación que el empresario está obligado a conservar antes del transcurso del plazo al que se extiende este deber legal, cuando de este modo se dificulte o imposibilite el examen o valoración de la situación económica real del deudor.
    9. Formular las cuentas anuales o los libros contables de un modo contrario a la normativa reguladora de la contabilidad mercantil, de forma que se dificulte o imposibilite el examen o valoración de la situación económica real del deudor, o incumpla el deber de formular el balance o el inventario dentro de plazo.
    10. Realizar cualquier otra conducta activa u omisiva que constituya una infracción grave del deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos y a la que sea imputable una disminución del patrimonio del deudor o por medio de la cual se oculte la situación económica real del deudor o su actividad empresarial.
    11. Favorecer a alguno de los acreedores realizando un acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones destinado a pagar un crédito no exigible o a facilitarle una garantía a la que no tenía derecho, cuando se trate de una operación que carezca de justificación económica o empresarial.
  2. Estando admitida a trámite la solicitud de concurso:
    1. Realizar cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones, destinado a pagar a uno o varios acreedores, privilegiados o no, con posposición del resto, sin estar autorizado para ello ni judicialmente ni por los administradores concursales, y fuera de los casos permitidos por la ley.
    2. Presentar en procedimiento concursal, a sabiendas, datos falsos relativos al estado contable, con el fin de lograr indebidamente la declaración de aquel.

Las penas para la persona jurídica seguirán siendo las mismas.

Daños informáticos (arts. 264 a 264 quater)

Junto con las ya existentes, se introducen una nuevas conductas delictivas mediante las que obstaculizar o interrumpir el funcionamiento de un sistema informático ajeno, sin estar autorizado y de manera grave. En concreto, destruyendo, dañando, inutilizando, eliminando o sustituyendo un sistema informático, telemático o de almacenamiento de información electrónica.

Se contempla, así mismo, dos nuevos tipos delictivos:

  1. Producir, adquirir para su uso, importar o, de cualquier modo, facilitar a terceros, un programa informático, concebido o adaptado principalmente para cometer alguno de los delitos de daños informáticos; sin estar debidamente autorizado y con la intención de facilitar la comisión de alguno de esos delitos.
  2. Producir, adquirir para su uso, importar o, de cualquier modo, facilitar a terceros una contraseña de ordenador, un código de acceso o datos similares que permitan acceder a la totalidad o a una parte de un sistema de información; sin estar debidamente autorizado y con la intención de facilitar la comisión de alguno de esos delitos.

Se modifica la pena de multa para la persona jurídica, que hasta la reforma es únicamente proporcional al perjuicio causado.

Tras la reforma se contempla la pena de multa por cuota diaria disyuntivamente de una endurecida multa proporcional al perjuicio causado, si de ésta resultara una cantidad superior. Así se establecen las penas de:

Multa de dos a cinco años o del quíntuplo a doce veces el valor del perjuicio causado, si resulta una cantidad superior, cuando se trate de delitos castigados con una pena de prisión de más de tres años.

Multa de uno a tres años o del triple a ocho veces el valor del perjuicio causado, si resulta una cantidad superior, en el resto de los casos.

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.

Delitos relativos a la propiedad intelectual (arts. 270 a 272)

La reforma realiza una mejora técnica de los tipos ya existentes e introduce los siguientes nuevos tipos delictivos:

  1.  Facilitar, en la prestación de servicios de la sociedad de la información, el acceso o la localización de obras o prestaciones protegidas ofrecidas ilícitamente en Internet, se modo activo y no neutral, sin limitarse a un tratamiento meramente técnico, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios, con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto, y en perjuicio de tercero.En particular, ofreciendo listados ordenados y clasificados de enlaces a las obras y contenidos referidos anteriormente, aunque dichos enlaces hubieran sido facilitados inicialmente por los destinatarios de sus servicios
  2. La distribución o comercialización ambulante o meramente ocasional de una obra o prestación literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios; con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto y en perjuicio de tercero.
  3. Favorecer o facilitar la realización de esas conductas eliminando o modificando, sin autorización de los titulares de los derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios, las medidas tecnológicas eficaces incorporadas por éstos con la finalidad de impedir o restringir su realización.
  4. Exportar o almacenar intencionadamente ejemplares de las obras o prestaciones literarias, artísticas o científicas, o de su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, incluyendo copias digitales de las mismas, sin la referida autorización, cuando estuvieran destinadas a ser reproducidas, distribuidas o comunicadas públicamente.
  5. Importar intencionadamente estos productos sin dicha autorización, cuando estuvieran destinados a ser reproducidos, distribuidos o comunicados públicamente, tanto si éstos tienen un origen lícito como ilícito en su país de procedencia; no obstante, la importación de los referidos productos de un Estado perteneciente a la Unión Europea no será punible cuando aquellos se hayan adquirido directamente del titular de los derechos en dicho Estado, o con su consentimiento.
  6. Fabricar, importar, poner en circulación o poseer, con una finalidad comercial, cualquier medio principalmente concebido, producido, adaptado o realizado para facilitar la supresión no autorizada o la neutralización de cualquier dispositivo técnico que se haya utilizado para proteger programas de ordenador o cualquiera de las otras obras, interpretaciones o ejecuciones frente a su reproducción, plagio, distribución o comunicación pública.

En cuanto a las penasa imponer a la persona jurídica, se mantiene la pena de multa proporcional, al beneficio obtenido y favorecido, pero se incluye, como novedad, el “beneficio que se hubiera podido obtener”. Esa proporción será del doble al cuádruple si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de dos años, y del doble al triple en el resto de los casos. Sin embargo, suponemos que por error, en el primer caso la multa será del doble al cuádruple beneficio obtenido o que se hubiera podido obtener, desapareciendo la posibilidad respecto del beneficio “favorecido”, que en cambio se mantiene para el segundo caso.

Relativos a la propiedad industrial (arts. 274 a 276)

Se mantiene la regulación en materia de patentes pero se reforma sustancialmente en materia de marcas.

Así será delito:

  1. Fabricar, producir o importar, con fines industriales o comerciales, productos que incorporen un signo distintivo idéntico o confundible con un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas; con conocimiento de su registro y sin consentimiento del titular del derecho.
  2. Ofrecer, distribuir, o comercializar al por mayor, con fines industriales o comerciales, productos que incorporen un signo distintivo idéntico o confundible con un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas, o los almacene con esa finalidad, cuando se trate de los mismos o similares productos, servicios o actividades para los que el derecho de propiedad industrial se encuentre registrado; con conocimiento de su registro y sin consentimiento del titular del derecho.
  3. Ofrecer, distribuir, o comercializar al por menor, o prestar servicios o desarrollar actividades, que incorporen un signo distintivo idéntico o confundible con un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas, cuando se trate de los mismos o similares productos, servicios o actividades para los que el derecho de propiedad industrial se encuentre registrado; con conocimiento de su registro y sin consentimiento del titular del derecho.
  4. Reproducir o imitar un signo distintivo idéntico o confundible con un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas, para su utilización para la comisión de esos delitos
  5. La venta ambulante u ocasional de aquellos productos.

En materia de producciones vegetales las variedades objeto de delito serán las protegidas tanto por la ley nacional como por la de la Unión Europea.

En materia de denominaciones de origen o indicaciones geográficas no hay cambios.

En cuanto a las penas a imponer a la persona jurídica, son las mismas que en los delitos contra la propiedad intelectual.

Delitos de corrupción en los negocios (arts. 286 bis a 286 quinquies)

La sección denominada “De la corrupción entre particulares”, pasará a denominarse, “De la corrupción en los negocios.

Se realiza una mejora técnica de los tipos existentes y en especial de materia de corrupción en el deporte, en la que se prescinde del concepto genérico “profesional”, entrando al detalle y así será delito la corrupción destinada a predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva en la que la mayor parte de los participantes en la misma perciban cualquier tipo de retribución, compensación o ingreso económico por su participación en la actividad; o competición deportiva calificada en el calendario deportivo anual aprobado por la federación deportiva correspondiente como competición oficial de la máxima categoría de la modalidad, especialidad, o disciplina de que se trate.

Por otra parte, la reforma introduce en esta sección, un nuevo delito de corrupción en la realización de actividades económicas internacionales:

  1. Corromper o intentar corromper, por sí o por persona interpuesta, a una autoridad o funcionario público en beneficio de estos o de un tercero, o atendieran sus solicitudes al respecto, mediante el ofrecimiento, promesa o concesión de cualquier beneficio o ventaja indebidos, pecuniarios o de otra clase, con el fin de que actúen o se abstengan de actuar en relación con el ejercicio de funciones públicas para conseguir o conservar un contrato, negocio o cualquier otra ventaja competitiva en la realización de actividades económicas internacionales.

La reforma endurece la pena por cuota diaria para la persona jurídica e introduce la imposición disyuntiva de multa proporcional al beneficio obtenido o que se hubiere podido obtener si de ésta resultara una cantidad superior, y así se impondrán a la persona Jurídica:

Multa de dos a cinco años, o del triple al quíntuple del beneficio obtenido o que se hubiere podido obtener si la cantidad resultante fuese más elevada, cuando el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de más de dos años de privación de libertad.

Multa de seis meses a dos años, o del tanto al duplo del beneficio obtenido o que se hubiere podido obtener si la cantidad resultante fuese más elevada, en el resto de los casos.

Se mantiene la posibilidad de que los jueces y tribunales puedan, asimismo, imponer las penas privativas de derechos recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33

Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente(arts. 325 a 328)

Se mantienen los tipos existentes con ciertas mejoras técnicas, salvo el delito de establecimiento de depósitos o vertederos de desechos o residuos sólidos o líquidos que sean tóxicos o peligrosos, que desaparece como tal.

Además se incluye un Delito menos grave:

Provocar o realizar directa o indirectamente, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente, emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos, en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, incluido el alta mar, con incidencia incluso en los espacios transfronterizos, así como captar de aguas que, por sí mismos o conjuntamente con otros, causen o puedan causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas.

Las penas para la persona jurídica seguirán siendo las mismas.

3.- Delitos ya existentes o nuevas formas delictivas de los mismos, para los que no estaba prevista, hasta ahora, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, serán:

Delitos contra la salud pública (arts. 359-366)

  1. Elaborar, sin la debida autorización, sustancias nocivas para la salud o productos químicos que puedan causar estragos, o despacharlos o suministrarlos, o comerciar con ellos.
  2. Despachar o suministrar sustancias nocivas para la salud o productos químicos que puedan causar estragos, con la debida autorización para su tráfico, sin cumplir con las formalidades previstas en las Leyes y Reglamentos respectivos.
  3. Fabricar, importar, exportar, ofrecer, suministrar, intermediar, comercializar, ofrecer o poner en el mercado, o almacenar con estas finalidades medicamentos, incluidos los de uso humano y veterinario, así como los medicamentos en investigación, que carezcan de autorización, o productos sanitarios que no dispongan de los documentos de conformidad exigidos por las disposiciones de carácter general, o que estuvieran deteriorados, caducados o incumplieran las exigencias técnicas relativas a su composición, estabilidad y eficacia, y con ello se genere un riesgo para la vida o la salud de las personas.
  4. Elaborar o producir siempre que estuvieran destinados al consumo público o al uso por terceras personas, y generen un riesgo para la vida o la salud de las personas:
    • un medicamento, incluidos los de uso humano y veterinario, así como los medicamentos en investigación; una sustancia activa o un excipiente de dicho medicamento.
    • un producto sanitario, así como así como los accesorios, elementos o materiales que sean esenciales para su integridad
    • presentando engañosamente, su identidad, incluidos, en su caso, el envase y etiquetado, la fecha de caducidad, el nombre o composición de cualquiera de sus componentes, o, en su caso, la dosificación de los mismos;
    • su origen, incluidos el fabricante, el país de fabricación, el país de origen y el titular de la autorización de comercialización o de los documentos de conformidad;
    • datos relativos al cumplimiento de requisitos o exigencias legales, licencias, documentos de conformidad o autorizaciones;
    • o su historial, incluidos los registros y documentos relativos a los canales de distribución empleados.
  5. Alterar, al fabricarlo o elaborarlo o en un momento posterior, la cantidad, la dosis, la caducidad o la composición genuina, según lo autorizado o declarado, de cualquiera de los anteriores, de un modo que reduzca su seguridad, eficacia o calidad, generando un riesgo para la vida o la salud de las personas.”
  6. Elaborar cualquier documento falso o de contenido mendaz referido a un medicamento o a cualquiera sustancias activas, excipientes, productos sanitarios, accesorios, elementos o materiales o materiales referidos, incluidos su envase, etiquetado y modo de empleo, para cometer o facilitar la comisión de esos delitos.
  7. Importar, exportar, anunciar o hacer publicidad, ofrecer, exhibir, vender, facilitar, expender, despachar, envasar, suministrar, incluyendo la intermediación, traficar, distribuir o poner en el mercado cualquiera de los medicamentos, sustancias activas, excipientes, productos sanitarios, accesorios, elementos o materiales referidos, con conocimiento de su falsificación o alteración, generando un riesgo para la vida o la salud de las personas
  8. Adquirir o tener en depósito con la finalidad de destinarlos al consumo público, al uso por terceras personas o a cualquier otro uso que pueda afectar a la salud pública, los medicamentos, sustancias activas, excipientes, productos sanitarios, accesorios, elementos o materiales referido.s
  9. Expender o despachar medicamentos deteriorados o caducados, o que incumplan las exigencias técnicas relativas a su composición, estabilidad y eficacia, o sustituir unos por otros, poniendo en peligro la vida o la salud de las personas.
  10. Prescribir, proporcionar, dispensar, suministrar, administrar, ofrecer o facilitar, sin justificación terapéutica, a deportistas federados no competitivos, deportistas no federados que practiquen el deporte por recreo, o deportistas que participen en competiciones organizadas en España por entidades deportivas, sustancias o grupos farmacológicos prohibidos, así como métodos no reglamentarios, destinados a aumentar sus capacidades físicas o a modificar los resultados de las competiciones, que por su contenido, reiteración de la ingesta u otras circunstancias concurrentes, pongan en peligro la vida o la salud de los mismos.
  11. Ofrecer en el mercado, los productores, distribuidores o comerciantes, productos alimentarios con omisión o alteración de los requisitos establecidos en las leyes o reglamentos sobre caducidad o composición, poniendo en peligro la salud de los consumidores.
  12. Fabricar o vender, los productores, distribuidores o comerciantes, bebidas o comestibles destinados al consumo público, y nocivos para la salud, poniendo en peligro la salud de los consumidores.
  13. Traficar, los productores, distribuidores o comerciantes, con géneros corrompidos, poniendo en peligro la salud de los consumidores.
  14. Elaborar o comerciar, los productores, distribuidores o comerciantes, con productos cuyo uso no se halle autorizado y sea perjudicial para la salud, poniendo en peligro la salud de los consumidores.
  15. Ocultar o sustraer, los productores, distribuidores o comerciantes, efectos destinados a ser inutilizados o desinfectados, para comerciar con ellos, poniendo en peligro la salud de los consumidores.
  16. Adulterar con aditivos u otros agentes no autorizados susceptibles de causar daños a la salud de las personas los alimentos, sustancias o bebidas destinadas al comercio alimentario.
  17. Administrar a los animales cuyas carnes o productos se destinen al consumo humano sustancias no permitidas que generen riesgo para la salud de las personas, o en dosis superiores o para fines distintos a los autorizados.
  18. Sacrificar animales de abasto o destinar sus productos al consumo humano, sabiendo que se les ha administrado las sustancias mencionadas.
  19. Sacrificar animales de abasto a los que se hayan aplicado tratamientos terapéuticos mediante sustancias mencionadas.
  20. Despachar al consumo público las carnes o productos de los animales de abasto sin respetar los períodos de espera en su caso reglamentariamente previstos.
  21. Envenenar o adulterar con sustancias infecciosas, u otras que puedan ser gravemente nocivas para la salud, las aguas potables o las sustancias alimenticias destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas.

Las penas a imponer a la persona jurídica serán:

Multa de uno a tres años, o del doble al quíntuplo del valor de los medicamentos, materias, sustancias, productos, elementos, materiales, alimentos o bebidas o del beneficio que se hubiera obtenido o podido obtener, aplicándose la cantidad que resulte más elevada.

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.

Falsificación de moneda. (art. 386)

  1. Alterar la moneda o fabricar moneda falsa.
  2. Introducir en el país o exportar moneda falsa o alterada.
  3. Transportar, expender o distribuir moneda falsa o alterada con conocimiento de su falsedad.
  4. Tener, recibir u obtener moneda falsa para su expedición o distribución o puesta en circulación.
  5. Expender o distribuir moneda falsa, recibida de buena fe después de constar su falsedad.

Se establece para la persona jurídica la multa del décuplo al triple del valor aparente de la moneda.

Estos delios de falsificación de moneda son los únicos,de entra aquellos por los que puede responder penalmente una persona jurídica, e en los que los que no se prevé junto la pena de multa la posibilidad de que los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.

Este olvido viene dado, a mi juicio, por un error de sistemática en la reforma, que se conforma con la existencia en la actual versión, y que se mantiene, de la posibilidad de imponer consecuencias accesorias, con el contenido previsto en las letras c) a g) del apartado 7 del artículo 33, a las empresas, organizaciones, grupos, entidades o agrupaciones, incluso de carácter transitorio, a las que pertenezca el culpable. Las diferencias son sutiles pero importantes,de una parte no se trataría de penas sino de consecuencias accesorias y de otra no cabría la Disolución de la persona jurídica, letra b) del apartado 7 del artículo 33.

Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución. (arts.510 y 510 bis)

  1. 1-. Fomentar, promover o incitar, públicamente, directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad.
  2. Producir, elaborar, poseer con la finalidad de distribuir, facilitar a terceras personas el acceso, distribuir, difundir o vender escritos o cualquier otra clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos para fomentar, promover, o incitar directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo, o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad.
  3. Negar, trivializar gravemente o enaltecer, públicamente, los delitos de genocidio, de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, o enaltecer a sus autores, cuando se hubieran cometido contra un grupo o una parte del mismo, o contra una persona determinada por razón de su pertenencia al mismo, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, la situación familiar o la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad, cuando de este modo se promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación contra los mismos.
  4.  Lesionar la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de un grupo, o de una parte de los mismos, o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a ellos por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad.
  5. Producir, elaborar, poseer con la finalidad de distribuir, facilitar a terceras personas el acceso, distribuir, difundir o vender escritos o cualquier otra clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos para lesionar la dignidad de las personas por representar una grave humillación, menosprecio o descrédito de un grupo, de una parte de ellos, o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a los mismos.
  6. Enaltecer o justificar por cualquier medio de expresión pública o de difusión los delitos que hubieran sido cometidos contra un grupo, una parte del mismo, o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad, o a quienes hayan participado en su ejecución

Las penas a imponer a la persona jurídica serán:

Multa de dos a cinco años.

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33

Estas penas se impondrán en su mitad superior cuando los hechos se hubieran llevado a cabo a través de un medio de comunicación social, por medio de internet o mediante el uso de tecnologías de la información, de modo que, aquel se hiciera accesible a un elevado número de personas.

4.- Delitos para los que ya está prevista la responsabilidad penal de las personas jurídicas, a los que la reforma no afecta o solo supone una mejora técnica.

A.- Mejoras técnicas:

Prostitución y corrupción de menores (arts. 187 a 189 bis)

Se mejoran técnicamente estos delitos.

En especial se entra al detalle de conceptos genéricos como la explotación de la prostitución o la pornografía infantil.

Se entenderá, en todo caso, que hay explotación de la prostitución cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

  1. que la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad personal o económica.
  2. que se le impongan para su ejercicio condiciones gravosas, desproporcionadas o abusivas.

Se considera pornografía infantilo en cuya elaboración hayan sido utilizados personas con discapacidad necesitadas de especial protección:

  1. Todo material que represente de manera visual a un menor o una persona con discapacidad necesitada de especial protección participando en una conducta sexualmente explícita, real o simulada.
  2.  Toda representación de los órganos sexuales de un menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección con fines principalmente sexuales.
  3. Todo material que represente de forma visual a una persona que parezca ser un menor participando en una conducta sexualmente explícita, real o simulada, o cualquier representación de los órganos sexuales de una persona que parezca ser un menor, con fines principalmente sexuales, salvo que la persona que parezca ser un menor resulte tener en realidad dieciocho años o más en el momento de obtenerse las imágenes.
  4. Imágenes realistas de un menor participando en una conducta sexualmente explícita o imágenes realistas de los órganos sexuales de un menor, con fines principalmente sexuales.

Se mantienen las mimas penas de multa y restrictivas de derechos.

Delitos contra el mercado y los consumidores (arts. 278 a 286)

La reforma afecta únicamente a las penas, en la misma forma que ya se ha señalado respecto de los delitos contras la propiedad intelectual y de corrupción el sector privado.

Cohecho y tráfico de influencias (arts. 420 a 430)

Las únicas novedades son la inclusión entre los participantes en el ejercicio de la función pública a los administradores concursales y la extensión de los tipos a la función pública desarrollada fuera de España.

B-. Permanecen sin novedad:

Tráfico y trasplante ilegal de órganos humanos (art. 156 bis)

Descubrimiento y revelación de secretos (arts. 197 a 197 ter y 197 quinquies)

Tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas (art. 318 bis)

Estafa(arts. 248 a 251 bis)

Blanqueo de capitales (art. 302)

Contra la ordenación del territorio y el urbanismo (art. 319)

Relativo a las radiaciones ionizantes. (art. 343)

Riesgo de estragos. (art. 348)

Tráfico de drogas. (arts. 368 y 369 bis)

Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (art. 399 bis)

Divulgación de Patente Secreta (art. 277 bis)

Captación de fondos para el terrorismo (art. 576 bis)

Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social (arts. 305 a 309 y 310 bis)

Delitos contables (art. 310 y 310 bis)

Tomás María Ramos Suárez

Abogado

DPO&itlaw

tomasramos@dpoiltaw.com

Noticias TIC: news.dpoitlaw.com

www.dpoitlaw.com

12
May

La nueva Ley de Telecomunicaciones

El pasado 10 de mayo se aprobó la nueva Ley de Telecomunicaciones

http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/10/pdfs/BOE-A-2014-4950.pdf

Con la Ley de Telecomunicaciones se pretende  garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Agenda Digital para Europa, asegurando un marco regulatorio claro y estable que fomente la inversión, proporcione seguridad jurídica y elimine las barreras que dificultaban el despliegue de redes, así como dotar de un mayor grado de competencia en el mercado.

Se procede por tanto a una simplificación administrativa eliminando licencias y autorizaciones  para determinadas categorías de instalaciones con el objetivo final de facilitar el despliegue de redes y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas.

El objeto de la Ley no se limita a la regulación de las comunicaciones electrónicas si no que aborda de forma general el régimen de telecomunicaciones no limitándose a los aspectos propios de los operadores de telecomunicaciones como las licencias servicio universal etc. En este sentido la ley aborda cuestiones como la conservación de datos, interceptación de la telecomunicaciones, evaluación y conformidad de equipos o aparatos etc.

Los aspectos destacables de la Ley de Telecomunicaciones son a mi juicio los siguientes:

  • Se regula la interceptación de las telecomunicaciones autorizadas.
  • Obligación de los operadores de servicios de comunicaciones electrónicas de notificar a la Agencia de Protección de Datos y abonados de los supuestos de violación de datos personales.
  • Conservación de datos. Se modifica la Ley 25/2007 a través de la disp. Final cuarta identificándose a los agentes facultados a los que se podrá ceder la información y estableciéndose un plazo de 7 días para comunicar la información.
  • Se regulan los derechos de los usuarios de los servicios, información, medio de pago, servicios de emergencia, facturación detallada etc..
  • Comunicaciones no solicitadas: derecho a no recibir llamadas automáticas sin intervención humana, oponerse a recibir llamadas no deseadas con finalidad comercial sin consentimiento previo.
  • Datos de tráfico: cancelación de los mismos o se hagan anónimos cuando ya no sean necesarios para la transmisión de la comunicación. Uso de los datos de tráfico para finalidad comercial sin consentimiento previo informado.
  • Datos de Localización: únicamente pueden ser tratados si son anónimos o  existe consentimiento informado previo.

Por otro lado se excluye expresamente la regulación de los contenidos difundidos a través de servicios de comunicación audiovisual y la prestación de servicios sobre las redes de telecomunicaciones que no constituyan el transporte de señal a través de dichas redes. Estos últimos son objeto de regulación por la Ley  34/2002 de 11 de julio de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico

A este respecto merece la pena destacar la modificación a través de la disposición final segunda de la LSSI para la regulación de las cookies y criterios para la modulación de las sanciones. En este sentido los aspectos más destacables de la modificación de la LSSI son:

  • Se modifica la obligación de incluir la palabra PUBLI en el envío de información comercial.
  • En los supuestos de envío de comunicaciones comerciales por correo electrónico a clientes con relación contractual previa, se establece la obligación de garantizar el derecho de oposición a través de una dirección de correo electrónico.
  • Se suprime la obligación respecto de las cookies, de la acción expresa en la instalación para otorgar el consentimiento.
28
Abr

Texto definitivo de la modificación de la Ley de Consumidores y Usuarios que incorpora la directiva 2011/83/UE

El 28 de marzo de 2014 se ha aprobado el texto definitivo de la modificación de la Ley de Consumidores y Usuarios que incorpora la Directiva 2011/83/UE que venía derogar la normativa europea vigente sobre la protección de los consumidores en los contratos celebrados a distancia y los contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles, estableciendo un nuevo marco legal en esta materia.

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-3329

Podéis acceder a la norma subraya en aquellos artículos que deben ser tenidos en cuenta si nuestros servicios son dirigidos al consumidor, sobre todo si los mismos se realizan a distancia:

http://www.dpoitlaw.com/wp-content/uploads/2014/06/20140327_Ley_Consumidores_Usuarios.pdf

Se añaden artículos 92 a 108 para regular la contratación a distancia y se deroga el Real Decreto 1906/1999, de 17 de diciembre, por el que se regula la contratación telefónica o electrónica con condiciones generales

Los aspectos fundamentales son:

  • Los relativos al plazo de desistimiento que aumenta de 7 a 14, así como la forma de realizarlo y derechos y obligaciones de las partes.
  • La información que debe constar previamente a la celebración del contrato (art.97)
  • Se regulan más a fondo las comunicaciones comerciales a distancia sobre todo la telefónica.
  • Requisitos formales del contrato y la información básica a incluir cuando existan obligaciones de pago.
  • Obligación de reembolso del dinero en caso de desistimiento en el plazo  14 días, y en caso de incumplimiento el consumidor podrá reclamar el doble.
  • Los costes de devolución sólo los soportara el empresario si éste ha aceptado asumirlos o no consta previamente que deba asumirlos el consumidor.
  • Plazo de 30 días para ejecutar el contrato.

 

14
Feb

Ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público

Con fecha de 28 de diciembre de 2013 se publicó en el BOE la Ley 25/2013 de  de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.

Esta Ley nace con los objetivos de reducir la morosidad de la Administración Pública y realizar un mejor control de gasto público, que redunde en un mayor protección de  los proveedores de la administración.

La ley adopta varias medidas con estos propósitos en mente. Entre otras:

  • La obligación de los proveedores de presentar en un registro administrativo  facturas electrónicas expedidas por los servicios que presten o bienes que entreguen a una Administración Pública en el marco de cualquier relación jurídica
  • Impulsar el uso de la factura electrónica.
  • La creación, por parte de las Administraciones Públicas, de un registro contable de facturas que agilice los pagos y  proporcione un mejor seguimiento de las facturas pendientes de pago.

 

Ámbito de aplicación de la Ley 25/2013:

La Ley 25/2013  se aplica a aquellas facturas emitidas en el marco de las relaciones jurídicas  entre proveedores de bienes y servicios y Administraciones Públicas (entendiéndose  éstas las  del art. 3. 4 de la Ley de Contratos del Sector Público,  además de  las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades  profesionales de la seguridad social, en el ejercicio de su función colaboradora en la gestión de la Seguridad Social.)

La obligación de  facturar de forma electrónica comienza a partir del 15 de enero de 2015 para las siguientes organizaciones:

a) Las sociedades anónimas.

b) Las sociedades de responsabilidad limitada.

c) Las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad española.

d) Los establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio español en los términos que establece la normativa tributaria.

e) Las uniones temporales de empresas.

f) Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europea, Fondo de Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo de inversiones, Fondo de utilización de activos, Fondo de regularización del mercado hipotecario, Fondo de titulización hipotecaria o Fondo de garantía de inversiones.

No obstante lo anteriorse contempla la posibilidad de establecer dos excepciones a esta obligación de facturación electrónica en los siguientes supuestos:

  • Facturas que  no superen los 5.000€
  • Facturas emitidas por los proveedores a los servicios en el exterior de las Administraciones Públicas hasta que dichas facturas puedan satisfacer los requerimientos técnicos.

 

Requisitos de la factura electrónica

Las facturas electrónicas deberán tener un formato estructurado y encontrarse firmadas por una firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.1 a) del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre.  Se prevé que este  formato venga especificado por Orden Ministerial pero, mientras esta no se apruebe, las facturas electrónicas que se remitan a las Administraciones Públicas se ajustarán al formato estructurado de la factura electrónica Facturae, versión 3.2, y de firma electrónica conforme a la especificación XMLAdvanced Electronic Signatures (XAdES).

En cualquier caso, también se admiten facturas electrónicas con  sello electrónico avanzado basado en un certificado reconocido que reúna los siguientes requisitos:

  • Que el certificado identifique a la persona jurídica o entidad sin personalidad jurídica que selle la factura electrónica, a través de su denominación o razón social y su número de identificación fiscal.
  • La solicitud del sello electrónico avanzado podrá formularse bien mediante comparecencia presencial de una persona física que acredite su representación, bien por medios electrónicos mediante el DNI electrónico y la remisión de los documentos que acrediten su poder de representación en formato papel o electrónico.

Gestión de la factura electrónica

El procedimiento de facturación se basa en la existencia de un  punto general de entrada de facturas electrónicas a través del cual se recibirán todas las facturas electrónicas que correspondan a entidades, entes y organismos vinculados o dependientes de la Administración. En principio, habría tres puntos generales de entrada, uno por cada nivel administrativo (Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales) Sin embargo, se contempla la posibilidad de que, por razones de eficiencia, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales se adhieran al punto general de entrada estatal.

¿Qué permite este punto general de entrada de facturas electrónicas?

  • Proporciona una solución de intermediación entre quien presenta la factura y la oficina contable competente para su registro.
  • Permite el envío de facturas en el formato exigido por la Ley  además de consultar el estado de la tramitación de la factura.
  • La presentación de las facturas a través del punto general de entrada producirá una entrada automática en un registro electrónico de la Administración Pública gestora de dicho punto, proporcionando un acuse de recibo electrónico con acreditación de la fecha y hora de presentación.
  • Proporciona un servicio automático de puesta a disposición o de remisión electrónica de las facturas  a las oficinas contables competentes para su registro.

En cuanto al archivo y custodia de las facturas,  es una función que le corresponde a al órgano administrativo destinatario de las mismas, aunque se contempla la posibilidad de que se utilice el punto de general de entrada de facturas electrónicas como medio de archivo y custodia. En este último caso, la información  no podrá ser ni explotada ni cedida más que  al propio órgano administrativo al que corresponda la factura.  Todo esto sin perjuicio, obviamente, de las obligaciones que se puedan derivar de la normativa tributaria.

También es relevante mencionar la creación de un registro contable de facturas para cada uno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la  Ley  25/2013.  La gestión de este registro le corresponde al órgano o unidad administrativa que tenga atribuidas las funciones contables, que  recibirá las facturas del registro administrativo y les asignará un código de identificación.

Como ya se ha mencionado, la idea de este registro es agilizar los pagos y lograr una mayor transparencia en el pago de las facturas.

Por último, tal y como viene establecido en el art. 11 de la Ley 25/2013, la recepción de la factura en el punto general de entrada de facturas electrónicas y su anotación en el registro contable de facturas tendrá únicamente los efectos que de acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común se deriven de su presentación en un registro administrativo.

10
Sep

La Unión Europea permite la distribución de licencias de segunda mano

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado sobre la distribución de licencias de segunda mano que permiten en este caso la utilización de programas descargados directamente de internet.

El debate comenzó el pasado 3 de febrero cuando la empresa estadounidense Oracle, dedicada a desarrollo y distribución de programas de ordenadores sobre todo a través de internet, demandó ante los tribunales alemanes a la empresa también alemana UsedSoft la cual se encarga de comercializar licencias ya usadas que han sido adquiridas por los clientes de UsedSoft.

El Tribunal Supremo Federal de Alemania pidió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJCE) que interpretara la solución posible para este conflicto en base a la Directiva 2009/24/CE sobre la protección jurídica de los programas de ordenador.

Hoy 4 de julio de 2012, el TJCE ha declarado a favor de UsedSoft en base al artículo 4.1 de la Directiva 2009/24/CE que dice lo siguiente:

Art. 4.2 – La primera venta en la Comunidad de una copia de un programa por el titular de los derechos o con su consentimiento, agotará el derecho de distribución en la Comunidad de dicha copia, salvo el derecho de controlar el subsiguiente alquiler del programa o de una copia del mismo.

Esto quiere decir, que el derecho exclusivo de distribución  del autor de una copia del programa, en este caso sería Oracle, se agota con la primera venta, es decir, pierde la posibilidad de invocar el monopolio de explotación una vez comercializado en un estado miembro.  Una de las principales novedades que ha introducido el TJCE con esta decisión es que ya no se refiere solo al caso de que el autor comercialice copias de sus programas de ordenador a través de un soporte material, si no que ahora se incluye también la distribución mediante descargas de su página web.

Sin embargo, también se ha querido introducir limitaciones a la transmisión de este tipo de licencias. El TJCE ha establecido que para que sea posible la venta de la licencia es necesario que el adquiriente inicial invalide su propia copia. Ya que en caso contrario, si continuara utilizándola, violaría el derecho exclusivo del titular de los derechos de autor a la reproducción de su programa.

La posibilidad de transmisión de licencias adquiridas a través de la descarga de programas de internet va a tener importantes consecuencias para el mercado, ya que va a haber un incremento considerable de las compra-ventas digitales. De esta manera, esta sentencia está prohibiendo a las distribuidoras intervenir en caso de que un usuario quiera vender un juego digital.

                  

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