Blanqueo de capitales

31
Ago

Fernando Ramos en “Hoy por Hoy” de la Cadena Ser

Fernando Ramos, socio director de DPO & IT Law, intervino en la mañana de hoy en el programa “Hoy por hoy” de la cadena Ser, hablado acerca de la moneda BitCoin y de la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales.

Podemos oír su intervención a partir del minuto 45:20.

5
May

Nueva participación de DPO&IT Law en European Commission Payment Systems Market Expert Group

Fernando Ramos

El próximo jueves 11 de mayo, DPO&IT Law viajará nuevamente a Bruselas para participar durante la jornada organizada por TRUSTeuaffairs en el Grupo de Trabajo sobre BlockChain y Monedas Virtuales perteneciente al Grupo de Expertos del Mercado de Sistemas de Pago de la Comisión Europea ( European Commission Payment Systems Market Expert Group – PSMEG).

El Grupo de trabajo se reunirá con Presidencia Maltesa del Consejo para discutir e introducir las modificaciones oportunas en la propuesta de la Quinta (5) Directiva de Blanqueo de Capitales relativas a las definiciones introducidas sobre las Monedas Virtuales y Proveedores de servicios, y también con el Responsable de la Comisión Europea del Grupo de Trabajo Fintech que se encuentra actualmente colaborando con el Parlamento Europeo en la construcción del observatorio Blockchain.

 

20
Mar

La Quinta Directiva de prevención del blanqueo de capitales sometida a examen en la sesión plenaria del 13 marzo de 2017 del Parlamento Europeo

Las comisiones de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) y de Libertades Civiles (LIBE) votaron el pasado día 28 de febrero a favor de iniciar negociaciones interinstitucionales sobre la propuesta de revisión de la Cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Siguiendo con el proceso, se sometió a examen en la apertura de la sesión plenaria del Parlamento Europeo del pasado lunes día 13 de marzo sin que se recibiera solicitud alguna de votación al respecto. Dándose así, luz verde al inicio de las conversaciones interinstitucionales entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo de la UE.

Esta propuesta, surgida de la necesidad de reforzar el marco de prevención establecido por la Cuarta Directiva a la vista de las carencias del sistema puestas de manifiesto tras los atentados terroristas de París y las revelaciones de los papeles de Panamá, incluye una serie de medidas dirigidas a incrementar la eficacia en la lucha contra la financiación del terrorismo y al aumento de la transparencia sobre la titularidad real de sociedades y fondos fiduciarios entre las que son destacamos las siguientes.

Monedas Virtuales. Los exchangers o plataformas de cambio de monedas virtuales pasarán a estar sujetos a la obligación de aplicar medidas de diligencia debida y de notificación de actividades sospechosas respecto de los servicios profesionales de cambio de moneda virtual por moneda real, para evitar así el carácter anónimo o pseudónimo de este tipo de transacciones. De igual modo, quedarán dentro del ámbito de aplicación de la Directiva los proveedores de monederos electrónicos o wallets (servicios de custodia de credenciales de acceso).

Tarjetas de prepago anónimas. Se propone rebajar los umbrales relativos a la identificación de clientes presenciales que operan con dinero electrónico en forma de instrumentos de pago no recargables o con un límite mensual o máximo previamente almacenado de 250 € a 150 €. Asimismo, se propone suprimir la exención de identificación del cliente para pagos realizados en línea, reembolsos o retiradas en efectivo de superiores a 50 €.

Unidades de Inteligencia Financiera. Se reforzarán las competencias de las Unidades de Inteligencia Financiera de los Estados miembros al poder solicitar por propia iniciativa información de las entidades financieras sobre actividades que presenten indicios de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Actualmente, en algunos Estados miembros es requisito indispensable previo el reporte de una operación sospechosa.

Además, se permitirá que las UIF puedan identificar a los titulares de cuentas bancarias y de pago al exigirse a los Estados miembros el establecimiento de registros centrales u otros mecanismos centralizados y automatizados para una detección ágil.

Titularidad real. Se aumenta la transparencia mejorando el acceso a los registros de información sobre la titularidad real de las personas jurídicas no siendo necesario acreditar tener un “interés legítimo”. Por el contrario, si se precisará para los fideicomisos y estructuras similares sin fines de lucro como la gestión de patrimonios familiares, fines caritativos o de beneficencia colectiva.

1
Feb

Participamos en European Commission Payment Systems Market Expert Group

Fernando Ramos

DPO & It Law fué invitado a participar en la segunda reuníón del grupo de trabajo del Virtual Currencies Regulatory que pertenece al European Commission Payment Systems Market Expert Group (PSMEG), y en el que han asistido las autoridades Europeas que trabajan en la revisión de la 4ª directiva de Blanqueo de Capitales (Review of the 4th AML Directive – 5th AMLD).

Durante la jornada, organizada por TRUSTeuaffairs en Bruselas, hemos defendido los intereses del sector de las Monedas Virtuales.

 

30
Ago

DPO & IT Law participará como ponente en ‘San Simón Blockchain Fórum’

DPO & IT Law participará como ponente experto en Bitcoin en “San Simón Blockchain Fórum“, el primer evento sobre blockchain enfocado en el sector legal.

En su ponencia “Bitcoin y criptodivisas: Parte Legal“, Fernando Ramos Suarez hablará sobre los aspectos legales, el estatus jurídico, la fiscalidad y la Prevención del Blanqueo de Capitales de la criptomoneda.

El evento, que se celebrará los días 1 y 2 de octubre, tendrá lugar en la isla de San Simón situada en el extremo interior de la ría de Vigo.

Puede consultar más información del evento en la dirección blockchainisland.es.

 

 

 

Isla de San Simón

Isla de San Simón

6
Jul

Publicada el 5 de julio de 2016 la Propuesta de Directiva COM (2016) 450 final 2016/0208 (COD), por la que se modifica la cuarta Directiva de Blanqueo (EU) 2015/849, y se regula la actividad de los Exchangers

xLa Comisión Europea ha aprobado el pasado 5 de julio una propuesta de Directiva para reforzar las normas de la UE contra el Blanqueo de Capitales con el objetivo de combatir la financiación del terrorismo y aumentar la transparencia sobre la titularidad real de las sociedades y fondos fiduciarios.

Esta propuesta de Directiva es la primera iniciativa europea para llevar a la práctica el Plan de Acción de lucha contra la financiación del terrorismo de febrero de 2016, y en relación con la actividad del sector de las Monedas Virtuales podemos considerar que es la primera iniciativa legislativa Europea de regulación de dicho sector, siguiendo las recomendaciones Banco Central Europeo, que en su Informe de Febrero de 2015 relativo a la Monedas Virtuales  establecía que las Monedas Virtuales no se encontraban reguladas, y que las autoridades nacionales y europeas debían utilizar los marcos legislativos existentes de regulación y supervisión para que los mismos fueran aplicables a las Monedas Virtuales a través de su modificación y adaptación.

La propuesta de Directiva COM (2016) 450 final 2016/0208 (COD) de modificación de la Directiva de Prevención de Blanqueo de Capitales (EU) 2015/849 (4AMLD) incluye dentro de su ámbito de aplicación a las Agencias o Plataformas de cambio de Monedas Virtuales (Exchangers) sometiéndolas a supervisión con arreglo a la legislación sobre el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a nivel nacional. Dicha inclusión se realiza ampliando el ámbito de aplicación de la Directiva 4AMLD, evitando de esta manera la utilización indebida de las Monedas Virtuales para blanquear dinero y financiar el terrorismo. En este sentido, los Exchangers se verán sometidos a aplicar controles de diligencia debida con respecto al cliente a la hora de intercambiar Monedas Virtuales por moneda corriente, poniendo fin al anonimato asociado a dichos intercambios.

La propuesta de inclusión de los Exchagers o Plataformas de Cambio de Monedas Virtuales dentro del ámbito de aplicación de la Cuarta Directiva de Blanqueo 4AMLD se realiza modificando o incluyendo los siguientes artículos:

  1. Se incluye dentro del artículo 2 de la Directiva relativo a las entidades obligadas los siguientes apartados:
    1. Proveedores de servicios que se dediquen profesionalmente al cambio de Monedas Virtuales por monedas corrientes o divisas tradicionales.
    2. Proveedores de Monederos o Wallets de Monedas Virtuales, que ofrezcan servicios de custodia de credenciales o claves necesarios para el acceso a las Monedas Virtuales.
  2. Se incluye dentro de las definiciones del artículo 3 a las Monedas Virtuales, las cuales son definidas como: aquella representación digital de valor, no emitida por un Banco Central o Autoridad Pública y que no necesariamente se encuentre vinculada a monedas corrientes o divisas tradicionales, que sea aceptada por personas físicas y jurídicas como un medio de pago, y que pueda transferirse, almacenarse y comerciarse electrónicamente.
  3. En el artículo 47 relativo a la Supervisión y obligación de someter a licencia o registro a los establecimientos de cambio, las entidades de cobro de cheques y los proveedores de servicios a sociedades o fideicomisos, se incluyen a las Plataformas de Cambio de Monedas virtuales y Proveedores de Monederos o Wallets de Monedas Virtuales.

Podemos por tanto concluir que los Estados miembros estarán obligados a modificar sus respectivas normativas relativas al Blanqueo de Capitales para incluir a las Plataformas de Cambio de monedas Virtuales y Proveedores de Monederos o Wallets de Monedas Virtuales antes del 1 Enero de 2017. Fecha que por otro lado también ha sido adelantada seis meses respecto de la fecha inicialmente propuesta por la Directiva, 26 de junio de 2017.

Será por tanto a partir de Enero de 2017, cuando los Exchangers Europeos quedarán sujetos a la normativa de Blanqueo de Capitales, siendo necesario que para esas fechas tengan una política de prevención de Blanqueo de Capitales que entre otras cuestiones incluya las siguientes políticas o procedimientos:

  • Estudio y análisis del riesgo en la operaciones.
  • Identificación formal del cliente y establecimiento de determinados umbrales económicos por operaciones o acumulación de operaciones en determinados plazos.
  • Filtrado contra listados Europeos y Americanos de personas y entidades con sanciones financieras.
  • Análisis del propósito o índole en la relación de negocios del cliente.
  • Redacción de políticas de admisión de clientes.
  • Seguimiento continuado de la relación de negocios
  • Implantación de sistemas técnicos de Alertas en función de la tipología del cliente, interviniente y cuantía de las operaciones.
  • Identificación de las operaciones susceptibles de Blanqueo.
  • Establecimiento de canales de denuncia internos y procedimientos de comunicación ante el SEPBLAC.
  • Redacción del correspondiente Manual de Prevención.
  • Constitución de un órgano interno de control.
  • Auditorías Externas anuales por expertos externos en PBC.
  • Formación del personal.

Políticas a las que consideramos habría que añadir los propios controles tecnológicos y limitaciones propias del sector como:

  • Registro y almacenamiento de las Direcciones IP/Fecha/hora de conexión de las transacciones, así como documentación de identificación de los clientes durante un periodo de al menos 5 años.
  • Códigos de Doble autenticación del usuario a través de teléfonos móviles.
  • Limitación de las conexiones encriptadas vía TOR o similares, así como aquellas realizadas a través de proxy.
  • Exclusión de países, territorios o jurisdicciones de riesgo.
  • Limitaciones en el número de operaciones (día, semana, mes, año)
  • Monitorizaciones del comportamiento del usuario en la cadena o bloque del protocolo, en supuestos de sospecha o diligencias reforzadas de investigación.
  • Auditorías e investigaciones sobre el origen de los fondos del usuario.
  • Copia digitalizada o imagen del DNI o pasaporte por el anverso y reverso.
  • Almacenamiento de las Direcciones Públicas de los Monederos a los que se transfirieron o desde los que se recibieron monedas virtuales.
  • Video conferencia con el documento de identificación, en operaciones cuya contratación se realiza de forma no presencial o a distancia cuya cuantía económica sea superior a 1.000 euros.

Con esta iniciativa queda por tanto despejada la duda sobre la aplicación de la normativa de Blanqueo de Capitales Europea a la actividad de los Exchangers, los cuales en su gran mayoría ya venían aplicándola de forma voluntaria en la medida en que su actividad incidía directamente en las operaciones diarias con las Entidades Financieras, bien por la necesidad de realizar transferencias bancarias a las cuentas de los clientes para el ingreso del pago en moneda corriente, bien por el pago de la compraventa con tarjetas de crédito, extracción de cajeros, procesadoras de pago etc.

Quedaría no obstante lo anterior, despejar la duda sobre que tipo de obligación de  registro o licencia establecerán los Estados Miembros a la actividad del Exchanger, ya que si bien se establece como obligación sujetar la actividad de cambio a licencia o registro, no se establece por la propuesta si la misma deberá quedar sometida a la licencia de Medio de Pago o licencia de Cambio de divisas.

A este respecto, todo apuntaría a que aquellas actividades de los Exchangers que supongan una gestión o deposito de fondos bien de moneda corriente o moneda virtual debería quedar sujeta la licencia de medio de pago regulada en España por Ley 16/2009, de 13 de noviembre de servicios de pago a través del régimen de autorización establecido por Real Decreto 712/2010 de 28 de mayo sobre el régimen jurídico de los servicios de Pago, normativa que por otro lado deberá ser modificada y adaptada antes del 13 enero de 2018 a la vigente Directiva 2015/2366 de 25 de noviembre de 2015 sobre servicios de pago. Sin  embargo, entendemos que aquella actividad del Exchanger que únicamente suponga un cambio de moneda sin posibilidad de depósito de la misma o gestión de las claves o del monedero o Wallet, debería quedar sometida a la licencia de Establecimiento de cambio de moneda extranjera establecidas por el RD 2660/1998 de 14 de diciembre, cuyas obligaciones y requisitos consideramos que son mucho menores que los establecidos para los medios de pago.

La polémica está servida, ¿se equipará la actividad de los Exchangers Europeos a las normas y procedimientos exigidos a los Exchangers Americanos, o por el contrario se promoverá la actividad de las start-ups europeas permitiendo que las mismas inicien sus actividades sin incurrir en elevados costes económicos a la hora de solicitar las licencias para el inicio de la actividad?

 

Fernando Mª Ramos Suárez
Socio Director DPO&itlaw, S.L.
Mail: fernandoramos@dpoitlaw.com
tt. @fernandoramosTI
www.dpoitlaw.com

27
Oct

Abogacia.es publica nuestro artículo “La prevención del blanqueo de capitales y el Bitcoin”

Abogacía Española publica en su sección de noticias de actualidad jurídica nuestro artículo “La prevención del blanqueo de capitales y el Bitcoin

logotipo abogacia.es

18
Sep

La prevención del blanqueo de capitales y el Bitcoin

¿podrá ser la figura del Minero un billete de lotería premiado en el cumplimiento de las diligencias debidas de identificación que nos marca la normativa de prevención de Blanqueo de Capitales?

¿cómo se puede verificar por los sujetos obligados en Blanqueo la tenencia de Bitcoins comprados en enero de 2013 a 30 €?

La compra de un café con Bitcoins ¿supone un incremento patrimonial susceptible de declaración ante la Agencia Tributaria en el IRPF?

¿Los intermediarios en la compraventa de Bitcoins deberán aplicar el  iva en la prestación de servicio o comisión?

¿Puedo enviar a un país extranjero Bitcoins por valor superior a 10.000 euros sin realizar una declaración complementaria en Hacienda?

Estas cuestiones jurídicas y muchas otras más son las que empiezan a surgir con el uso generalizado del Bitcoin y su aplicación práctica a las actividades o servicios financieros que ya se encontraban regulados, y que por la propia naturaleza del Bitcoin están encontrando un vacío legal que permite por el momento el uso del mismo sin la supervisión gubernamental o Estatal.

Antes de poder analizar la necesidad o no de la regulación o supervisión del Bitcoin, es necesario conocer la naturaleza jurídica del Bitcoin o la monedas digitales.

NATURALEZA JURÍDICA

Como todos sabemos, el BITCOIN es una criptomoneda o moneda digital descentralizada concebida en 2009 por Satoshi Nakamoto. Las transacciones en Bitcoin se realizan de forma directa, sin la necesidad de un intermediario, encontrándose por tanto descentralizadas, al contrario que la mayoría de las monedas corrientes que se encuentran respaldadas por un Estado o Gobierno. El Bitcoin por tanto, no depende de la confianza en ningún emisor central, sino que utiliza un sistema descentralizado de verificación, certificación y registro de las operaciones o transacciones público, para impedir el doble gasto y alcanzar el consenso entre todos los nodos que integran la red.

Se trata por tanto de una moneda digital de código abierto que permite la transferencia de valor de persona a persona, constituyéndose en un sistema de pago digital descentralizado que no necesita de intermediarios.  Todo ello se consigue a través de la distribución de los registros de las transacciones a través de Redes Peer 2 Peer (P2P). Cada transacción queda registrada en una base de datos digital pública distribuida que se denomina “la cadena de Bloques”, de tal manera que cada nueva transacción de Bitcoins debe ser verificada, certificada y registrada en dicha bases de datos pública para garantizarse que los mismos Bitcoins no hayan sido gastados previamente, eliminando así el problema del doble gasto, al que se ven sometidas las monedas digitales. De esta forma la Red Global Peer2Peer del Bitcoin reemplaza al intermediario permitiéndose realizar transacciones de Bitcoins entre usuarios interconectados. Además hay que tener en cuenta que el valor del Bitcoin no está basado en el precio del oro o del dólar, sino el valor que los usuarios del mismo le quieran asignar en función de la oferta y la demanda. Por tanto, el valor del Bitcoin se determina en un mercado abierto integrado por las distintas empresas que se dedican a la compra-venta e intercambio de Bitcoins (exchangers o agencias de cambio), trabajando de forma similar a como lo hacen las empresas dedicadas al cambio de divisas.

Por otro lado, y conforme al informe de Monedas Virtuales del GAFI de junio de 2014, se considera moneda virtual aquella que tiene una representación digital de valor que puede ser utilizada como medio de comercio y que funciona como un medio de intercambio digital, con unidad de cuenta y depósito o reserva de valor, pero que no tiene la condición de moneda de curso legal en cualquier jurisdicción.

Así mismo tomando como base el conocido artículo publicado por Pablo Fernández Burgueño (galardonado con el Premio al Mejor Post Jurídico de 2013, otorgado por ‘Derecho en Red’)  podemos definir el BITCOIN como:

 “ un bien patrimonial, privado, incorporal, digital, en forma de unidad de cuenta, creado mediante un sistema informático y utilizado como medida común de valor por acuerdo de los usuarios del sistema”.

Se trata por tanto de bienes muebles, fungibles, de naturaleza privada (conforme el art. 335, 337 y 345 del Código Civil), esencialmente divisibles, irrepetibles y por tanto no susceptibles de copia.

  1. Se reputan bienes muebles los susceptibles de apropiación no comprendidos en el capítulo anterior, y en general todos los que se pueden transportar de un punto a otro sin menoscabo de la cosa inmueble a que estuvieren unidos”.
  2. “Los bienes muebles son fungibles o no fungibles. A la primera especie pertenecen aquellos de que no puede hacerse el uso adecuado a su naturaleza sin que se consuman; a la segunda especie corresponden los demás.” El Bitcoin como el dinero se gasta o desaparece para su poseedor con el primer uso, aunque pueda mantener su existencia física.
  3. Son bienes de propiedad privada, además de los patrimoniales del Estado, de la Provincia y del Municipio, los pertenecientes a particulares individual o colectivamente.

Por otro lado según Javier González Granado (Notario) el Bitcoin podría entrar en la categoría conceptual de LETS (Local Exchange Trading Systems), considerados en el mundo anglosajón como una categoría de bienes patrimoniales que son tomados como medida común de valor en sistemas de intercambio económico, cooperativos y descentralizados, ajenos al dinero fiduciario estatal, y basados en la confianza de los usuarios.

APLICACIÓN DE LA NORMATIVA DE BLANQUEO DE CAPITALES

Partiendo de éstas definiciones y analizando la ley 10/2010 podríamos argumentar que la compraventa de bitcoins podrían encontrarse comprendidas como una actividad de pago o de dinero electrónico, y que por tanto podrían ser susceptibles de encontrarse comprendidas en el tipo de sujetos obligados del artículo 2 de la Ley 10/2010 de PBC:

  • 2.1 h) de la LPBC “Las entidades de pago y entidades de dinero electrónico”.

Sin embargo, para poder calificar a la moneda virtual como dinero electrónico debemos acudir a la Ley 21/2011 de 26 de junio de dinero electrónico, la cual lo define como:

todo valor monetario almacenado por medios electrónicos o magnéticos que represente un crédito sobre el emisor, que se emita al recibo de fondos con el propósito de efectuar operaciones de pago según se definen en el artículo 2.5 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago, y que sea aceptado por una persona física o jurídica distinta del emisor de dinero electrónico.”

Ante la falta en el Bitcoin del respaldo de un crédito contra el emisor, debemos considerar que el Bbitcoin no es dinero electrónico por la sencilla razón de que ese emisor no existe.

Adicionalmente existen diversos organismos internacionales y europeos que entienden y consideran que las monedas virtuales como bitcoin no pueden ser considerados como, una moneda corriente, ni tampoco dinero electrónico o instrumentos financieros o de pago. Entre dichas entidades se encuentran:

No obstante lo anterior, si bien la moneda virtual bitcoin, no puede ser considerada como una moneda legal o un instrumento financiero de pago, sí puede ser definida como un bien inmaterial electrónico con unidad de cuenta que pueda ser utilizado en transacciones de todo tipo como medio de pago al portador y por tanto podría quedar encuadrada dicha actividad en el siguiente art. 2 de la de la Ley 10/2010 de PBC:

  • 2.1 w) “ las personas que comercien profesionalmente con bienes en los términos establecidos en el art 38, es decir respecto de las transacciones en que los cobros o pagos se efectúen con los medios de pago a que se refiere el artículo 34.2 de esta Ley y por importe superior a 15.000 euros, ya se realicen en una o en varias operaciones entre las que parezca existir algún tipo de relación. Según el art.34.2 podría encuadrarse en la letra c) “Cualquier otro medio físico, incluidos los electrónicos, concebido para ser utilizado como medio de pago al portador”.

Dado que la moneda digital bitcoin, se utiliza como un medio electrónico de pago al portador, podríamos entender que sería de aplicación la Ley 10/2010 de PBC a través del art. 2 w). Sin embargo en la consulta parlamentaria 184/47663 realizada al Gobierno Español el pasado 3 de marzo de 2014 no se aclara sobre si Bitcoin debe considerarse un medio de pago al portador, pues deja abierta la respuesta estableciendo lo siguiente:  “en el caso de que las autoridades monetarias y financieras consideren que el Bitcoin es un medio electrónico concebido para ser utilizado como medio de pago al portador, le resultarían de aplicación las limitaciones a los pagos en efectivo

A este respecto, si bien todavía no existe un pronunciamiento de la Unión Europea (aunque está siendo objeto de estudio por la Comisión Europea), el Banco Central Europeo en su reciente informe de Febrero de 2015, sí se ha pronunciado y establece en dicho informe que las monedas virtuales no se encuentran por el momento reguladas y que no pueden considerarse incluidas dentro del ámbito de aplicación de las Directivas de Servicios de Pagos y de Dinero Electrónico. En este sentido, su recomendación a las autoridades nacionales y europeas es, que utilicen los marcos legislativos actuales de regulación y supervisión para que sean aplicables a las monedas virtuales y que si no fuere posible procedan a su modificación y adaptación.

VACÍO LEGAL

Nos encontramos, por tanto, con un vacío legal en cuanto al ámbito de aplicación de la actual normativa española y europea, siendo necesario un posicionamiento europeo o nacional que clarifique si nos encontramos ante un medio de pago, al portador o no. Cuestión que por otro lado, sí que fue clarificada por Estados Unidos desde el año 2013 a través de la Orientación de marzo de 2013 emitida por el Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Departamento de Estado Norteamericano estableciendo que, tanto las casas de cambio que efectúen operaciones de compra/venta de las divisas virtuales por dinero de curso legal como quienes actúen como “acuñadores” de bitcoins, tienen la obligación de registrarse como empresas prestatarias de servicios monetarios y cumplir con la normativa de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo ya que existe una transferencia de valor. No obstante, clarifica que los usuarios que empleen bitcoins exclusivamente como un medio de pago de bienes o servicios no se verán afectados por esta medida.

Por todo lo anteriormente apuntado, aún no es posible afirmar, que tanto en la Unión Europea como en España la actividad relacionada con la compraventa del bitcoins puede ser considerada como dinero electrónico ni como un medio de pago al portador, y por tanto que se encuentre sujeta a la Ley 10/2010.

No obstante lo anterior, y pesar de que la actividad de compraventa de bitcoins no está sujeta a la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales, sí existe por parte de las Entidades Financieras un necesario cumplimiento de la Normativa de Blanqueo de Capitales, y en la medida en que la actividad de Intercambio o compraventa de bitoins incida en su operativa financiera (transferencias bancarias para el ingreso del pago en Euros, pago con tarjetas, extracción de euros en cajeros etc…), dichos operadores o empresas que realicen actividades de Compraventa e intercambio de bitcoins deberán cumplir con la Ley 10/2010 y su normativa de desarrollo.

CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO

Podemos concluir por tanto, que el cumplimiento en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales constituye un elemento fundamental por todos aquellos operadores que pretendan realizar compraventas o intercambios de monedas digitales o bitcoins, siendo necesario establecer una política de prevención de Blanqueo de Capitales que entre otros incluya los siguientes políticas o procedimientos:

  • Estudio y análisis del riesgo en la operaciones.
  • Identificación formal del cliente y establecimiento de determinados umbrales económicos por operaciones o acumulación de operaciones en determinados plazos.
  • Filtrado contra listados Europeos y Americanos de personas y entidades con sanciones financieras.
  • Análisis del propósito o índole en la relación de negocios del cliente.
  • Redacción de políticas de admisión de clientes.
  • Seguimiento continuado de la relación de negocios
  • Implantación de sistemas técnicos de Alertas en función de la tipología del cliente, interviniente y cuantía de las operaciones.
  • Identificación de las operaciones susceptibles de Blanqueo.
  • Establecimiento de canales de denuncia internos y procedimientos de comunicación ante el SEPBLAC.
  • Redacción del correspondiente Manual de Prevención.
  • Constitución de un órgano interno de control.
  • Auditorías Externas anuales por expertos externos en PBC.
  • Formación del personal.

Políticas a las que habría que añadir los propios controles tecnológicos y limitaciones en las operaciones como:

  • Registro y almacenamiento de las Direcciones IP/Fecha/hora de conexión.
  • Códigos de Doble autenticación del usuario a través de teléfonos móviles.
  • Limitación de las conexiones encriptadas vía TOR o similares, así como aquellas realizadas a través de proxy.
  • Exclusión de países, territorios o jurisdicciones de riesgo.
  • Limitaciones en el número de operaciones (día, semana, mes, año)
  • Monitorizaciones del comportamiento del usuario en la cadena o bloque del protocolo, en supuestos de sospecha o diligencias reforzadas de investigación.
  • Auditorías e investigaciones sobre el origen de los fondos del usuario.
  • Copia o foto del DNI con autenticación on-line, incluyendo la video llamada en supuestos de diligencias reforzadas de investigación.

CONCLUSIÓN

Sin embargo, el desconocimiento del Protocolo bitcoin, y en concreto la moneda digital bitcoin, está produciendo unos efectos adversos en su desarrollo e implantación en España y en la Unión Europea, produciendo un rechazo sistemático por los departamentos de Compliance de las entidades financieras, lo que produce sin lugar a dudas un retraso en su implantación y desarrollo.

Si a ello, le unimos las noticias sobre el uso por redes criminales, como la red SILK ROAD que operaba con bitcoins para el pago de bienes y servicios ilícitos como trafico de drogas y armas, o la quiebra del mayor operador para la compraventa de bitcoins Mt.Gox, o el desplome de su valor pasando en noviembre de 2013 de costar 1.000 euros a 300 en septiembre de 2014, no produce más que desconfianza en el mercado o la imagen de una tecnología de alto riesgo susceptible de ser utilizada para cometer Blanqueo de Capitales.

Por el contrario podemos decir que nos encontramos con una tecnología que por primera vez en la historia podría llegar a ser capaz de rastrear o identificar cuando y donde se han producido los intercambios, ya que como hemos dicho anteriormente toda operación de intercambio de bitcoins necesariamente queda registrada y certificada en la cadena de bloques o registro público. Es por tanto posible  rastrear y analizar en materia de Prevención de Blanqueo de capitales el origen de los fondos tanto por las Autoridades competentes como por los sujetos obligados, cuestión que a día de hoy sería impensable con el dinero en efectivo, y no por ello se ha considerado prohibir el uso del dinero en efectivo a toda la Sociedad.

Si a ello le unimos las distintas posibilidades existentes hoy en día para la identificación o limitación en la realización de operaciones por parte de los operadores de compraventa de bitcoins, podemos decir que nos encontramos con una tecnología que bien aplicada puede perfectamente cumplir con las obligaciones de prevención en materia de Blanqueo de Capitales, y brindar así a sus usuarios legítimos todos sus beneficios.

Nos encontramos por tanto con el mayor libro de contabilidad universal, que sirve como medio de pago, en el que no es necesario confiar en una empresa, banco o gobierno, y que cumple con los cinco atributos del dinero o del oro; Escaso (nunca habrá mas de 21 millones de bitcoins), divisible (un bitcoin se puede dividir hasta un millón de veces), transportable (permite realizar transacciones con cualquier persona en el mundo en tiempo real y de forma gratuita), duradero, reconocible y fungible.

Efectivamente las operaciones con bitcoins aportan al mercado muchos beneficios, ya que al no haber intermediario, las transacciones con bitcoins son menos costosas y más rápidas que en las redes tradicionales de pagos. Permite realizar grandes operaciones o incluso micropagos, puede reducir el coste a los pequeños comerciantes, o el costo de las remesas transnacionales, mejorar el acceso al capital en el tercer mundo, y proteger a las personas contra los controles de capital y la censura. Si embargo, su naturaleza descentralizada mal que nos pese, da oportunidades para su uso delictivo e ilegal, de ahí que el desafío por parte de la Sociedad sea desarrollar procesos que mitiguen su uso delictivo y permita desplegar todos los beneficios que tanto el protocolo de comunicación como la propia criptomoneda o moneda digital atesora para los usuarios legítimos.

Data Privacy Outsourcing & Information Technology Law, S.L.
Fernando Mª Ramos Suárez
Socio Director

23
May

Presentación de DPO&it law en SPAMEX 2015 – Bitcoin dinero digital

Presentación de DPO&it law en SPAMEX 2015

BITCOIN – DINERO DIGITAL

Bitcoin y Prevención de Blanqueo de Capitales

documento con la presentación en formato pdf

14
May

Comparativa con la normativa española de la sanción a RIPPLE (cambiador o exchanger de monedas virtuales en Estados Unidos) por incumplimiento de la normativa de blanqueo de capitales

El pasado 5 de mayo de 2015 el FINCEN (La autoridad Americana encargada de velar por el blanqueo de capitales y los delitos financieros) sancionó con una multa de 700.000 dólares a Ripple Labs y su subsidiaria XRP Fund II, por actuar como un Transmisor de Dinero o MSB (Money Service Business), en la venta de monedas virtuales (o lo que vendría a ser el Sujeto Obligado en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales PBC según la legislación española) y haber incumplido las distintas obligaciones que marca la Bank Secrecy Act (BSA o en caso de España la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales o LPBC).

Me parece de especial interés realizar una análisis de los incumplimientos de dichas obligaciones en materia de PBC o AML (Anty Money Laundering) realizados por Ripple y comprobar si los mismos podrían ser sancionables con la normativa española de Prevención de Blanqueo de Capitales.

Uno de los primeros incumplimientos por parte de Ripple es la falta de registro a nivel Federal para actuar como Transmisor de Dinero o MSB. Efectivamente el 18 de marzo de 2013 el FINCEN publicó una guía sobre la aplicación de la BSA a las monedas virtuales. En dicha guía se definen tres categorías de personas susceptibles de encontrarse sujetas a la normativa:

  • El Usuario o persona que obtiene la moneda virtual con el fin de comprar productos o servicios.
  • El Cambiador o Exchanger cuyo objeto social es el intercambio de moneda virtual por moneda real, fondos o cualquier otra moneda virtual.
  • El Administrador la persona que se dedica a emitir o poner en circulación la moneda virtual y que tiene la capacidad de retirarla o quitarla de la circulación.

Tras estas definiciones la Guía establece que los cambiadores o exchangers y los administradores son considerados como Transmisores de Dinero o MSB y que por tanto deberán registrarse como tales ante el FINCEN debiendo cumplir adicionalmente con las obligaciones en materia de Blanqueo que marca la BSA. Se concluye por tanto que todo Cambiador o Exchanger está sujeto a la BSA y debe registrarse ante el FinCEN y cumplir la BSA.

A diferencia de Estados Unidos, en España y Europa, todavía no ha existido un pronunciamiento o aclaración respecto de la aplicación de la LPBC o la Directiva de Prevención de Blanqueo de capitales. En nuestro reciente artículo sobre la Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias en materia de Blanqueo de Capitales argumentábamos que si bien las monedas virtuales todavía no han sido catalogadas por la Unión Europea como instrumentos financieros, o medios de pago al portador, sí que es cierto que al existir una estrecha relación entre los Cambiadores o Exchangers y el sistema financiero (transferencias bancarias, pago con tarjetas, retirada en efectivo de cajeros etc…) se hacía recomendable un cumplimiento voluntario por parte de los Cambiadores de la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales. Recomendación por otro lado puesta de manifiesto por el European Banking Authority en su opinión de 4 julio de 2014 sobre las monedas virtuales quién recomendaba a los legisladores europeos (párrafo 178) que incluyeran a los Cambiadores de monedas virtuales o Exchangers dentro del ámbito de aplicación de la Directiva de Blanqueo. Por tanto a pesar de no tener una Guía de interpretación de la Normativa de Prevención de Blanqueo similar a la del FinCEN sí podemos considerar necesario cumplir voluntariamente con la Normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales, máxime cuando dichos Cambiadores podrían estar cometiendo delitos calificados en nuestro Código Penal como Delitos de Blanqueo de Capitales según el art.301 y siguientes con penas de hasta 6 años de prisión.

Considerando por tanto que en España los Cambiadores podrían ser considerados como sujetos obligados en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales, nos encontramos que no existe en España una obligación de registro similar a la del FinCEN y por tanto ante servicio ejecutivo de Prevención de Blanqueo Español (SEPBLAC). No obstante lo anterior, comprobamos que sí que existe una obligación de comunicación del Representante del Sujeto Obligado ante el SEPBLAC, acompañando dicha comunicación con determinada documentación como el nombramiento por el órgano de dirección del Sujeto Obligado, descripción detallada de la trayectoria profesional, DNI etc… Así mismo comprobamos que el incumplimiento de dicha obligación de comunicación es calificado por el art. 52 n) la Ley 10/2010 de PBC como una infracción grave, la cual podrá se sancionable conforme al art. 57 con multas de 60.000 a 150.000 euros para el sujeto Obligado y multa de 3.000 o 60.0000 euros a quienes ejerciendo el cargo de administración o dirección fueran responsables de la infracción.

Siguiendo con el estudio de los incumplimientos realizados por Ripple y que fueron sancionados por el FinCEN, nos encontramos con las siguientes hechos sancionados:

  1. Falta de implantación y mantenimiento de una Política o Programa de Prevención de Blanqueo de Capitales. Ripple no tenía:
    1. Políticas procedimientos y controles adecuados que garantizasen el cumplimiento de las obligaciones de la BSA (Bank Secrecy Act).
    2. No se había nombrado a un Responsable de Cumplimiento (Chief Compliance Officer) que garantizase el cumplimiento interno de la BSA.
    3. No se había implantado internamente un programa de formación en materia de Blanqueo a empleados que entre tras cuestiones incluyera la formación para la detección de operaciones sospechosas.
    4. Tampoco se había realizado una revisión o auditoría de sus procedimientos.
  2. Incumplimiento en la comunicación de operaciones sospechosas, por conocimiento o indicio o aquellas que supongan operaciones por valor de 2.000 dólares o más.
  3. Falta de identificación formal del cliente o incumplimiento del “Know Your Customer” (KYC) en una operación de 250.000 dólares.
  4. Falta de comunicación de determinadas operaciones sospechosas a pesar de que las mismas no fueron realizadas por Ripple.

Analizando los hechos con la normativa española de Prevención de Blanqueo de Capitales efectivamente comprobamos que existen similares obligaciones las cuales también serían sancionables.

  1. De forma similar a la BSA y a los incumplimientos de Ripple, nuestra LPBC prevé dichas obligaciones en cuanto al mantenimiento de una política o programa de Prevención de Blanqueo:
    1. En los artículos 26 y siguientes de la Ley 10/2010 8LPBC) se establecen medidas de control que implican la aprobación por escrito de políticas y procedimientos en materia de prevención de blanqueo de capitales para cumplir con las obligaciones de diligencia debida, información, conservación de documentos, control interno, evaluación de riesgos y comunicación de operaciones. Dichas medidas se suelen traducir en la redacción un Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales.
    2. En el apartado 2 del mencionado art. 26 se establece la ya mencionada obligación de nombrar un Representante ante el SEPBLAC, así como la obligación de creación de un Órgano de Control Interno que deberá estar constituido por personal directivo con representación de las distintas áreas de negocio del Sujeto Obligado.
    3. En el art. 29 de la LPBC se establece además la obligación de formación a empleados del contenido de la Ley.
    4. Igualmente el art. 28 de la LPBC establece la obligación de realizar un examen anual por un experto externo cuyos resultados deberán ser comunicados al órgano de administración del Sujeto Obligado.

    El incumplimiento de estas obligaciones es calificado por el artículo 52 apartado m), n), ñ), o), p), q) y r), como infracciones graves con multas de 60.000 a 150.000 euros para el sujeto Obligado y multa de 3.000 o 60.0000 euros a quienes ejerciendo el cargo de administración o dirección fueran responsables de la infracción

  2. Así mismo de forma similar a la BSA los sujetos obligados están obligados a Comunicar operaciones Sospechosas por conocimiento o indicio, así como comunicaciones sistemáticas mensuales de operaciones por importe superiores a 30.000 euros o importes superiores a 1.500 euros en los casos de envío de dinero.
    El incumplimiento de estas obligaciones es calificado por el artículo 52 apartado h) y j), como infracciones graves con multas de 60.000 a 150.000 euros para el sujeto Obligado y multa de 3.000 o 60.0000 euros a quienes ejerciendo el cargo de administración o dirección fueran responsables de la infracción.
  3. Con respecto al incumplimiento de KYC, existe en la normativa española obligaciones relativas a las medidas normales de diligencia debida (art. 3 y siguientes de la LPB) que obligan a la identificación formal del cliente (bien persona física o jurídica), así como implantar otras medidas, como obtener información sobre el propósito o índole prevista de la relación de negocios, seguimiento continuado etc…
    El incumplimiento de estas obligaciones es calificado por el artículo 52 apartado a), b), c) y d) como infracciones graves con multas de 60.000 a 150.000 euros para el sujeto Obligado y multa de 3.000 o 60.0000 euros a quienes ejerciendo el cargo de administración o dirección fueran responsables de la infracción.
  4. Por último y en relación con la falta de comunicación de operaciones fallidas la normativa española también establece la obligación de comunicación de dichas operaciones a pesar de las mismas fueran fallidas. (art. 18 de la LPBC).

Podemos concluir por tanto que a pesar de ser normativas diferentes las mismas regulan conductas o incumplimientos parecidos, los cuales también podrían ser sancionables en la jurisdicción española con multas que acumuladas podrían perfectamente llegar a similares cantidades económicas que rondasen los 500.000 euros.

Sin embargo, estimamos que es necesario que el legislador europeo o español, de forma similar a como hizo el FinCEN en marzo del 2013, realicen una interpretación de los marcos legislativos actuales de regulación y supervisión para que los mismos sean aplicables a las monedas virtuales y que si no fuere posible procedan a su modificación y adaptación, con el objeto de esclarecer el ámbito de aplicación de la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales al entorno de las monedas virtuales y más en concreto a los cambiadores de monedas virtuales o Exchangers.

Fernando Mª Ramos Suárez
DPO&it law
Socio Director
fernandoramos@dpoitlaw.com
tt. @fernandoramosTI
Noticias TIC: news.dpoitlaw.com
www.dpoitlaw.com

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies