5
Mar

Nuevos delitos para los que está prevista la responsabilidad penal de las personas jurídicas

El 29 de enero de 2015, tuvo entrada en el Senado, el texto aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados, relativo al Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

En el senado se van introducir ciertas mejoras, se han presentado 7 propuestas de veto y 1.044 enmiendas, de las cuales el Grupo Parlamentario Popular ha presentado 91.

Esas enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, que presumimos prosperarán, tienen poca afección en relación a los nuevos tipos delictivos que puede cometer una persona jurídica, que presenta el texto aprobado en el congreso.

De manera que salvo sorpresa, la Ley Orgánica de Reforma del Código Penal que finalmente se apruebe en el congreso, establecerá los nuevos tipos delictivos para los que está prevista la responsabilidad de las personas jurídicas que se detallan a continuación y que podemos clasificar en

  1. Delitos totalmente nuevos para nuestro ordenamiento.
  2. Nuevas formas delictivas de delitos ya existentes.
  3. Delitos ya existentes para los que no se había previsto la responsabilidad de las personas jurídicas, hasta ahora.
  4. Delitos para los que la reforma supone una mejora técnica.

1.- Nuevos delitos en el Código Penal, para los que, además, estará prevista la responsabilidad penal de las personas jurídicas serán:

Financiación ilegal de los partidos políticos (art. 304 bis)

  1. Será constitutivo de delito recibir donaciones o aportaciones destinadas a un partido político, federación, coalición o agrupación de electores, de carácter anónimo, finalista o revocables; o que procediendo de una misma persona física o jurídica, superen los 100.000 euros anuales en dinero o, siendo en especie, su valor exceda de dicho importe y no se haya expedido certificación en la que se haga constar, además de la identificación del donante, el documento público u otro documento auténtico que acredite la entrega del bien donado haciendo mención expresa del carácter irrevocable de la donación.
  2. Recibir financiación por parte de gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas extranjeras o de empresas relacionadas directa o indirectamente con los mismos que superen el importe de 100.000 euros.
  3. Entregar donaciones o aportaciones destinadas a un partido político, federación, coalición o agrupación de electores, por sí o por persona interpuesta, en alguno de los supuestos indicados.

Las penas previstas para la persona jurídica serán:

  • Multa del triplo al quíntuplo del valor de la donación o aportación
  • Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.

Llama la atención que la reforma,no haya incluido este delito en el listado del nuevo artículo 127 bis. Este nuevo artículo establece el denominado “decomiso ampliado”, que se caracteriza, precisamente, porque los bienes o efectos decomisados provienen de otras actividades ilícitas del sujeto condenado, distintas a los hechos por los que se le condena y que no han sido objeto de una prueba plena. El decomiso ampliado ya fue introducido en nuestro Derecho por la Ley Orgánica 5/2010 para los delitos de terrorismo y los cometidos por grupos u organizaciones criminales. La reforma lo extiende a otros supuestos en los que, según la Exposición de Motivos de la Ley de Reforma, es frecuente que se produzca una actividad delictiva sostenida en el tiempo de la que pueden derivar importantes beneficios económicos (blanqueo y receptación, trata de seres humanos, prostitución, explotación y abuso de menores, falsificación de moneda, corrupción en el sector privado, delitos informáticos, cohecho, malversación o delitos patrimoniales cometidos con profesionalidad). Sin embargo, parece que la financiación ilegal de partidos políticos, no suele ser una actividad sostenida en el tiempo o de la que se puedan derivar importantes beneficios. Afirma también, la Exposición de Motivos, que el decomiso ampliado permitirá a los jueces y tribunales, en los supuestos de condenas por delitos que normalmente generan una fuente permanente de ingresos, ordenar el decomiso de bienes y efectos del condenado procedentes de otras actividades delictivas. Sin embargo, de nuevo parece que la financiación ilegal de los partidos no puede guardar conexión con otras actividades ilícitas que generen bienes y efectos.

2.- Nuevas formas delictivas de delitos ya existentes en el Código Penal y para los que estaba ya prevista la responsabilidad penal de las personas jurídicas, serán:

La Trata de seres humanos (art. 177 bis)

La trata de seres humanos será también delito cuando se realice mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de la persona que poseyera el control sobre la víctima.

La Frustración de Ejecución (arts. 257 a 258 ter)

La nueva redacción del Código Penal, mantiene el capítulo dedicado a las Insolvencias punibles, pero extrae del mismo y reubica, en un nuevo capítulo, Capítulo VII, del Título XIII, del Libro II, el delito de alzamiento de bienes y demás delitos de frustración de las ejecuciones.

Además de esta reubicación se prevén tres nuevos tipos:

  1. Presentar, en un procedimiento de ejecución judicial o administrativo, a la autoridad o funcionario encargados de la ejecución, una relación de bienes o patrimonio incompleta o mendaz, dilatando, dificultando o impidiendo la satisfacción del acreedor.
  2. Dejar de facilitar la relación de bienes o patrimonio, en un procedimiento de ejecución judicial o administrativo.
  3. Hacer uso de bienes embargados por autoridad pública que hubieran sido constituidos en depósito sin estar autorizado para ello.

Las penas previstas para la persona jurídica son:

  • Multa de dos a cinco años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años
  • Multa de uno a tres años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de dos años no incluida en el inciso anterior.
  • Multa de seis meses a dos años, en el resto de los casos.

Los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas restrictivas de derechos recogidas en las letras b a g del apartado 7 del artículo 33.

Insolvencia punible (arts. 259 a 261 bis)

Como ha quedado dicho, la nueva redacción del Código Penal, mantiene el capítulo dedicado a las Insolvencias punibles, ahora Capítulo VII bis, del Título XIII del Libro II, si bien lo reforma por completo.

Así se distinguen dos grupos de delitos en función de si existe o no procedimiento concursal en curso:

  1. Encontrarse en una situación de insolvencia actual o inminente sin haberse admitido a trámite la solicitud de concurso.
    1. Ocultar, destruir, causar daños o realizare cualquier otra actuación que no se ajuste al deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos y que disminuya el valor de elementos patrimoniales que estén incluidos, o que habrían estado incluidos, en la masa del concurso en el momento de su apertura.
    2. Realizar actos de disposición mediante la entrega o transferencia de dinero u otros activos patrimoniales, o mediante la asunción de deudas, que no guarden proporción con la situación patrimonial del deudor, ni con sus ingresos, y que carezcan de justificación económica o empresarial.
    3. Realizar operaciones de venta o prestaciones de servicio por precio inferior a su coste de adquisición o producción, y que en las circunstancias del caso carezcan de justificación económica.
    4. Simular créditos de terceros o reconocer créditos ficticios.
    5. Participar en negocios especulativos, cuando ello carezca de justificación económica y resulte, en las circunstancias del caso y a la vista de la actividad económica desarrollada, contrario al deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos.
    6. Incumplir el deber legal de llevar contabilidad, llevar doble contabilidad, o cometer en su llevanza irregularidades que sean relevantes para la comprensión de su situación patrimonial o financiera.
    7. Destruir o alterar los libros contables, cuando de este modo se dificulte o impida de forma relevante la comprensión de su situación patrimonial o financiera.
    8. Ocultar, destruir o alterar la documentación que el empresario está obligado a conservar antes del transcurso del plazo al que se extiende este deber legal, cuando de este modo se dificulte o imposibilite el examen o valoración de la situación económica real del deudor.
    9. Formular las cuentas anuales o los libros contables de un modo contrario a la normativa reguladora de la contabilidad mercantil, de forma que se dificulte o imposibilite el examen o valoración de la situación económica real del deudor, o incumpla el deber de formular el balance o el inventario dentro de plazo.
    10. Realizar cualquier otra conducta activa u omisiva que constituya una infracción grave del deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos y a la que sea imputable una disminución del patrimonio del deudor o por medio de la cual se oculte la situación económica real del deudor o su actividad empresarial.
    11. Favorecer a alguno de los acreedores realizando un acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones destinado a pagar un crédito no exigible o a facilitarle una garantía a la que no tenía derecho, cuando se trate de una operación que carezca de justificación económica o empresarial.
  2. Estando admitida a trámite la solicitud de concurso:
    1. Realizar cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones, destinado a pagar a uno o varios acreedores, privilegiados o no, con posposición del resto, sin estar autorizado para ello ni judicialmente ni por los administradores concursales, y fuera de los casos permitidos por la ley.
    2. Presentar en procedimiento concursal, a sabiendas, datos falsos relativos al estado contable, con el fin de lograr indebidamente la declaración de aquel.

Las penas para la persona jurídica seguirán siendo las mismas.

Daños informáticos (arts. 264 a 264 quater)

Junto con las ya existentes, se introducen una nuevas conductas delictivas mediante las que obstaculizar o interrumpir el funcionamiento de un sistema informático ajeno, sin estar autorizado y de manera grave. En concreto, destruyendo, dañando, inutilizando, eliminando o sustituyendo un sistema informático, telemático o de almacenamiento de información electrónica.

Se contempla, así mismo, dos nuevos tipos delictivos:

  1. Producir, adquirir para su uso, importar o, de cualquier modo, facilitar a terceros, un programa informático, concebido o adaptado principalmente para cometer alguno de los delitos de daños informáticos; sin estar debidamente autorizado y con la intención de facilitar la comisión de alguno de esos delitos.
  2. Producir, adquirir para su uso, importar o, de cualquier modo, facilitar a terceros una contraseña de ordenador, un código de acceso o datos similares que permitan acceder a la totalidad o a una parte de un sistema de información; sin estar debidamente autorizado y con la intención de facilitar la comisión de alguno de esos delitos.

Se modifica la pena de multa para la persona jurídica, que hasta la reforma es únicamente proporcional al perjuicio causado.

Tras la reforma se contempla la pena de multa por cuota diaria disyuntivamente de una endurecida multa proporcional al perjuicio causado, si de ésta resultara una cantidad superior. Así se establecen las penas de:

Multa de dos a cinco años o del quíntuplo a doce veces el valor del perjuicio causado, si resulta una cantidad superior, cuando se trate de delitos castigados con una pena de prisión de más de tres años.

Multa de uno a tres años o del triple a ocho veces el valor del perjuicio causado, si resulta una cantidad superior, en el resto de los casos.

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.

Delitos relativos a la propiedad intelectual (arts. 270 a 272)

La reforma realiza una mejora técnica de los tipos ya existentes e introduce los siguientes nuevos tipos delictivos:

  1.  Facilitar, en la prestación de servicios de la sociedad de la información, el acceso o la localización de obras o prestaciones protegidas ofrecidas ilícitamente en Internet, se modo activo y no neutral, sin limitarse a un tratamiento meramente técnico, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios, con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto, y en perjuicio de tercero.En particular, ofreciendo listados ordenados y clasificados de enlaces a las obras y contenidos referidos anteriormente, aunque dichos enlaces hubieran sido facilitados inicialmente por los destinatarios de sus servicios
  2. La distribución o comercialización ambulante o meramente ocasional de una obra o prestación literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios; con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto y en perjuicio de tercero.
  3. Favorecer o facilitar la realización de esas conductas eliminando o modificando, sin autorización de los titulares de los derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios, las medidas tecnológicas eficaces incorporadas por éstos con la finalidad de impedir o restringir su realización.
  4. Exportar o almacenar intencionadamente ejemplares de las obras o prestaciones literarias, artísticas o científicas, o de su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, incluyendo copias digitales de las mismas, sin la referida autorización, cuando estuvieran destinadas a ser reproducidas, distribuidas o comunicadas públicamente.
  5. Importar intencionadamente estos productos sin dicha autorización, cuando estuvieran destinados a ser reproducidos, distribuidos o comunicados públicamente, tanto si éstos tienen un origen lícito como ilícito en su país de procedencia; no obstante, la importación de los referidos productos de un Estado perteneciente a la Unión Europea no será punible cuando aquellos se hayan adquirido directamente del titular de los derechos en dicho Estado, o con su consentimiento.
  6. Fabricar, importar, poner en circulación o poseer, con una finalidad comercial, cualquier medio principalmente concebido, producido, adaptado o realizado para facilitar la supresión no autorizada o la neutralización de cualquier dispositivo técnico que se haya utilizado para proteger programas de ordenador o cualquiera de las otras obras, interpretaciones o ejecuciones frente a su reproducción, plagio, distribución o comunicación pública.

En cuanto a las penasa imponer a la persona jurídica, se mantiene la pena de multa proporcional, al beneficio obtenido y favorecido, pero se incluye, como novedad, el “beneficio que se hubiera podido obtener”. Esa proporción será del doble al cuádruple si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de dos años, y del doble al triple en el resto de los casos. Sin embargo, suponemos que por error, en el primer caso la multa será del doble al cuádruple beneficio obtenido o que se hubiera podido obtener, desapareciendo la posibilidad respecto del beneficio “favorecido”, que en cambio se mantiene para el segundo caso.

Relativos a la propiedad industrial (arts. 274 a 276)

Se mantiene la regulación en materia de patentes pero se reforma sustancialmente en materia de marcas.

Así será delito:

  1. Fabricar, producir o importar, con fines industriales o comerciales, productos que incorporen un signo distintivo idéntico o confundible con un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas; con conocimiento de su registro y sin consentimiento del titular del derecho.
  2. Ofrecer, distribuir, o comercializar al por mayor, con fines industriales o comerciales, productos que incorporen un signo distintivo idéntico o confundible con un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas, o los almacene con esa finalidad, cuando se trate de los mismos o similares productos, servicios o actividades para los que el derecho de propiedad industrial se encuentre registrado; con conocimiento de su registro y sin consentimiento del titular del derecho.
  3. Ofrecer, distribuir, o comercializar al por menor, o prestar servicios o desarrollar actividades, que incorporen un signo distintivo idéntico o confundible con un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas, cuando se trate de los mismos o similares productos, servicios o actividades para los que el derecho de propiedad industrial se encuentre registrado; con conocimiento de su registro y sin consentimiento del titular del derecho.
  4. Reproducir o imitar un signo distintivo idéntico o confundible con un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas, para su utilización para la comisión de esos delitos
  5. La venta ambulante u ocasional de aquellos productos.

En materia de producciones vegetales las variedades objeto de delito serán las protegidas tanto por la ley nacional como por la de la Unión Europea.

En materia de denominaciones de origen o indicaciones geográficas no hay cambios.

En cuanto a las penas a imponer a la persona jurídica, son las mismas que en los delitos contra la propiedad intelectual.

Delitos de corrupción en los negocios (arts. 286 bis a 286 quinquies)

La sección denominada “De la corrupción entre particulares”, pasará a denominarse, “De la corrupción en los negocios.

Se realiza una mejora técnica de los tipos existentes y en especial de materia de corrupción en el deporte, en la que se prescinde del concepto genérico “profesional”, entrando al detalle y así será delito la corrupción destinada a predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva en la que la mayor parte de los participantes en la misma perciban cualquier tipo de retribución, compensación o ingreso económico por su participación en la actividad; o competición deportiva calificada en el calendario deportivo anual aprobado por la federación deportiva correspondiente como competición oficial de la máxima categoría de la modalidad, especialidad, o disciplina de que se trate.

Por otra parte, la reforma introduce en esta sección, un nuevo delito de corrupción en la realización de actividades económicas internacionales:

  1. Corromper o intentar corromper, por sí o por persona interpuesta, a una autoridad o funcionario público en beneficio de estos o de un tercero, o atendieran sus solicitudes al respecto, mediante el ofrecimiento, promesa o concesión de cualquier beneficio o ventaja indebidos, pecuniarios o de otra clase, con el fin de que actúen o se abstengan de actuar en relación con el ejercicio de funciones públicas para conseguir o conservar un contrato, negocio o cualquier otra ventaja competitiva en la realización de actividades económicas internacionales.

La reforma endurece la pena por cuota diaria para la persona jurídica e introduce la imposición disyuntiva de multa proporcional al beneficio obtenido o que se hubiere podido obtener si de ésta resultara una cantidad superior, y así se impondrán a la persona Jurídica:

Multa de dos a cinco años, o del triple al quíntuple del beneficio obtenido o que se hubiere podido obtener si la cantidad resultante fuese más elevada, cuando el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de más de dos años de privación de libertad.

Multa de seis meses a dos años, o del tanto al duplo del beneficio obtenido o que se hubiere podido obtener si la cantidad resultante fuese más elevada, en el resto de los casos.

Se mantiene la posibilidad de que los jueces y tribunales puedan, asimismo, imponer las penas privativas de derechos recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33

Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente(arts. 325 a 328)

Se mantienen los tipos existentes con ciertas mejoras técnicas, salvo el delito de establecimiento de depósitos o vertederos de desechos o residuos sólidos o líquidos que sean tóxicos o peligrosos, que desaparece como tal.

Además se incluye un Delito menos grave:

Provocar o realizar directa o indirectamente, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente, emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos, en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, incluido el alta mar, con incidencia incluso en los espacios transfronterizos, así como captar de aguas que, por sí mismos o conjuntamente con otros, causen o puedan causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas.

Las penas para la persona jurídica seguirán siendo las mismas.

3.- Delitos ya existentes o nuevas formas delictivas de los mismos, para los que no estaba prevista, hasta ahora, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, serán:

Delitos contra la salud pública (arts. 359-366)

  1. Elaborar, sin la debida autorización, sustancias nocivas para la salud o productos químicos que puedan causar estragos, o despacharlos o suministrarlos, o comerciar con ellos.
  2. Despachar o suministrar sustancias nocivas para la salud o productos químicos que puedan causar estragos, con la debida autorización para su tráfico, sin cumplir con las formalidades previstas en las Leyes y Reglamentos respectivos.
  3. Fabricar, importar, exportar, ofrecer, suministrar, intermediar, comercializar, ofrecer o poner en el mercado, o almacenar con estas finalidades medicamentos, incluidos los de uso humano y veterinario, así como los medicamentos en investigación, que carezcan de autorización, o productos sanitarios que no dispongan de los documentos de conformidad exigidos por las disposiciones de carácter general, o que estuvieran deteriorados, caducados o incumplieran las exigencias técnicas relativas a su composición, estabilidad y eficacia, y con ello se genere un riesgo para la vida o la salud de las personas.
  4. Elaborar o producir siempre que estuvieran destinados al consumo público o al uso por terceras personas, y generen un riesgo para la vida o la salud de las personas:
    • un medicamento, incluidos los de uso humano y veterinario, así como los medicamentos en investigación; una sustancia activa o un excipiente de dicho medicamento.
    • un producto sanitario, así como así como los accesorios, elementos o materiales que sean esenciales para su integridad
    • presentando engañosamente, su identidad, incluidos, en su caso, el envase y etiquetado, la fecha de caducidad, el nombre o composición de cualquiera de sus componentes, o, en su caso, la dosificación de los mismos;
    • su origen, incluidos el fabricante, el país de fabricación, el país de origen y el titular de la autorización de comercialización o de los documentos de conformidad;
    • datos relativos al cumplimiento de requisitos o exigencias legales, licencias, documentos de conformidad o autorizaciones;
    • o su historial, incluidos los registros y documentos relativos a los canales de distribución empleados.
  5. Alterar, al fabricarlo o elaborarlo o en un momento posterior, la cantidad, la dosis, la caducidad o la composición genuina, según lo autorizado o declarado, de cualquiera de los anteriores, de un modo que reduzca su seguridad, eficacia o calidad, generando un riesgo para la vida o la salud de las personas.”
  6. Elaborar cualquier documento falso o de contenido mendaz referido a un medicamento o a cualquiera sustancias activas, excipientes, productos sanitarios, accesorios, elementos o materiales o materiales referidos, incluidos su envase, etiquetado y modo de empleo, para cometer o facilitar la comisión de esos delitos.
  7. Importar, exportar, anunciar o hacer publicidad, ofrecer, exhibir, vender, facilitar, expender, despachar, envasar, suministrar, incluyendo la intermediación, traficar, distribuir o poner en el mercado cualquiera de los medicamentos, sustancias activas, excipientes, productos sanitarios, accesorios, elementos o materiales referidos, con conocimiento de su falsificación o alteración, generando un riesgo para la vida o la salud de las personas
  8. Adquirir o tener en depósito con la finalidad de destinarlos al consumo público, al uso por terceras personas o a cualquier otro uso que pueda afectar a la salud pública, los medicamentos, sustancias activas, excipientes, productos sanitarios, accesorios, elementos o materiales referido.s
  9. Expender o despachar medicamentos deteriorados o caducados, o que incumplan las exigencias técnicas relativas a su composición, estabilidad y eficacia, o sustituir unos por otros, poniendo en peligro la vida o la salud de las personas.
  10. Prescribir, proporcionar, dispensar, suministrar, administrar, ofrecer o facilitar, sin justificación terapéutica, a deportistas federados no competitivos, deportistas no federados que practiquen el deporte por recreo, o deportistas que participen en competiciones organizadas en España por entidades deportivas, sustancias o grupos farmacológicos prohibidos, así como métodos no reglamentarios, destinados a aumentar sus capacidades físicas o a modificar los resultados de las competiciones, que por su contenido, reiteración de la ingesta u otras circunstancias concurrentes, pongan en peligro la vida o la salud de los mismos.
  11. Ofrecer en el mercado, los productores, distribuidores o comerciantes, productos alimentarios con omisión o alteración de los requisitos establecidos en las leyes o reglamentos sobre caducidad o composición, poniendo en peligro la salud de los consumidores.
  12. Fabricar o vender, los productores, distribuidores o comerciantes, bebidas o comestibles destinados al consumo público, y nocivos para la salud, poniendo en peligro la salud de los consumidores.
  13. Traficar, los productores, distribuidores o comerciantes, con géneros corrompidos, poniendo en peligro la salud de los consumidores.
  14. Elaborar o comerciar, los productores, distribuidores o comerciantes, con productos cuyo uso no se halle autorizado y sea perjudicial para la salud, poniendo en peligro la salud de los consumidores.
  15. Ocultar o sustraer, los productores, distribuidores o comerciantes, efectos destinados a ser inutilizados o desinfectados, para comerciar con ellos, poniendo en peligro la salud de los consumidores.
  16. Adulterar con aditivos u otros agentes no autorizados susceptibles de causar daños a la salud de las personas los alimentos, sustancias o bebidas destinadas al comercio alimentario.
  17. Administrar a los animales cuyas carnes o productos se destinen al consumo humano sustancias no permitidas que generen riesgo para la salud de las personas, o en dosis superiores o para fines distintos a los autorizados.
  18. Sacrificar animales de abasto o destinar sus productos al consumo humano, sabiendo que se les ha administrado las sustancias mencionadas.
  19. Sacrificar animales de abasto a los que se hayan aplicado tratamientos terapéuticos mediante sustancias mencionadas.
  20. Despachar al consumo público las carnes o productos de los animales de abasto sin respetar los períodos de espera en su caso reglamentariamente previstos.
  21. Envenenar o adulterar con sustancias infecciosas, u otras que puedan ser gravemente nocivas para la salud, las aguas potables o las sustancias alimenticias destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas.

Las penas a imponer a la persona jurídica serán:

Multa de uno a tres años, o del doble al quíntuplo del valor de los medicamentos, materias, sustancias, productos, elementos, materiales, alimentos o bebidas o del beneficio que se hubiera obtenido o podido obtener, aplicándose la cantidad que resulte más elevada.

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.

Falsificación de moneda. (art. 386)

  1. Alterar la moneda o fabricar moneda falsa.
  2. Introducir en el país o exportar moneda falsa o alterada.
  3. Transportar, expender o distribuir moneda falsa o alterada con conocimiento de su falsedad.
  4. Tener, recibir u obtener moneda falsa para su expedición o distribución o puesta en circulación.
  5. Expender o distribuir moneda falsa, recibida de buena fe después de constar su falsedad.

Se establece para la persona jurídica la multa del décuplo al triple del valor aparente de la moneda.

Estos delios de falsificación de moneda son los únicos,de entra aquellos por los que puede responder penalmente una persona jurídica, e en los que los que no se prevé junto la pena de multa la posibilidad de que los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.

Este olvido viene dado, a mi juicio, por un error de sistemática en la reforma, que se conforma con la existencia en la actual versión, y que se mantiene, de la posibilidad de imponer consecuencias accesorias, con el contenido previsto en las letras c) a g) del apartado 7 del artículo 33, a las empresas, organizaciones, grupos, entidades o agrupaciones, incluso de carácter transitorio, a las que pertenezca el culpable. Las diferencias son sutiles pero importantes,de una parte no se trataría de penas sino de consecuencias accesorias y de otra no cabría la Disolución de la persona jurídica, letra b) del apartado 7 del artículo 33.

Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución. (arts.510 y 510 bis)

  1. 1-. Fomentar, promover o incitar, públicamente, directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad.
  2. Producir, elaborar, poseer con la finalidad de distribuir, facilitar a terceras personas el acceso, distribuir, difundir o vender escritos o cualquier otra clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos para fomentar, promover, o incitar directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo, o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad.
  3. Negar, trivializar gravemente o enaltecer, públicamente, los delitos de genocidio, de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, o enaltecer a sus autores, cuando se hubieran cometido contra un grupo o una parte del mismo, o contra una persona determinada por razón de su pertenencia al mismo, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, la situación familiar o la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad, cuando de este modo se promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación contra los mismos.
  4.  Lesionar la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de un grupo, o de una parte de los mismos, o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a ellos por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad.
  5. Producir, elaborar, poseer con la finalidad de distribuir, facilitar a terceras personas el acceso, distribuir, difundir o vender escritos o cualquier otra clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos para lesionar la dignidad de las personas por representar una grave humillación, menosprecio o descrédito de un grupo, de una parte de ellos, o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a los mismos.
  6. Enaltecer o justificar por cualquier medio de expresión pública o de difusión los delitos que hubieran sido cometidos contra un grupo, una parte del mismo, o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad, o a quienes hayan participado en su ejecución

Las penas a imponer a la persona jurídica serán:

Multa de dos a cinco años.

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33

Estas penas se impondrán en su mitad superior cuando los hechos se hubieran llevado a cabo a través de un medio de comunicación social, por medio de internet o mediante el uso de tecnologías de la información, de modo que, aquel se hiciera accesible a un elevado número de personas.

4.- Delitos para los que ya está prevista la responsabilidad penal de las personas jurídicas, a los que la reforma no afecta o solo supone una mejora técnica.

A.- Mejoras técnicas:

Prostitución y corrupción de menores (arts. 187 a 189 bis)

Se mejoran técnicamente estos delitos.

En especial se entra al detalle de conceptos genéricos como la explotación de la prostitución o la pornografía infantil.

Se entenderá, en todo caso, que hay explotación de la prostitución cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

  1. que la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad personal o económica.
  2. que se le impongan para su ejercicio condiciones gravosas, desproporcionadas o abusivas.

Se considera pornografía infantilo en cuya elaboración hayan sido utilizados personas con discapacidad necesitadas de especial protección:

  1. Todo material que represente de manera visual a un menor o una persona con discapacidad necesitada de especial protección participando en una conducta sexualmente explícita, real o simulada.
  2.  Toda representación de los órganos sexuales de un menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección con fines principalmente sexuales.
  3. Todo material que represente de forma visual a una persona que parezca ser un menor participando en una conducta sexualmente explícita, real o simulada, o cualquier representación de los órganos sexuales de una persona que parezca ser un menor, con fines principalmente sexuales, salvo que la persona que parezca ser un menor resulte tener en realidad dieciocho años o más en el momento de obtenerse las imágenes.
  4. Imágenes realistas de un menor participando en una conducta sexualmente explícita o imágenes realistas de los órganos sexuales de un menor, con fines principalmente sexuales.

Se mantienen las mimas penas de multa y restrictivas de derechos.

Delitos contra el mercado y los consumidores (arts. 278 a 286)

La reforma afecta únicamente a las penas, en la misma forma que ya se ha señalado respecto de los delitos contras la propiedad intelectual y de corrupción el sector privado.

Cohecho y tráfico de influencias (arts. 420 a 430)

Las únicas novedades son la inclusión entre los participantes en el ejercicio de la función pública a los administradores concursales y la extensión de los tipos a la función pública desarrollada fuera de España.

B-. Permanecen sin novedad:

Tráfico y trasplante ilegal de órganos humanos (art. 156 bis)

Descubrimiento y revelación de secretos (arts. 197 a 197 ter y 197 quinquies)

Tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas (art. 318 bis)

Estafa(arts. 248 a 251 bis)

Blanqueo de capitales (art. 302)

Contra la ordenación del territorio y el urbanismo (art. 319)

Relativo a las radiaciones ionizantes. (art. 343)

Riesgo de estragos. (art. 348)

Tráfico de drogas. (arts. 368 y 369 bis)

Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (art. 399 bis)

Divulgación de Patente Secreta (art. 277 bis)

Captación de fondos para el terrorismo (art. 576 bis)

Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social (arts. 305 a 309 y 310 bis)

Delitos contables (art. 310 y 310 bis)

Tomás María Ramos Suárez

Abogado

DPO&itlaw

tomasramos@dpoiltaw.com

Noticias TIC: news.dpoitlaw.com

www.dpoitlaw.com

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies